Organizaciones de la sociedad civil anunciaron este viernes la realización del encuentro Nacional «La reforma del Estado y la agenda ciudadana», que se desarrollará del 16 al 18 de junio de 2005 en Pátzcuaro, Michoacán.
En conferencia de prensa, representantes de las 37 organizaciones convocantes del encuentro, manifestaron su preocupación por lo que calificaron de una tendencia persistente en el actual sexenio de generar riesgos reales de una involución democrática e, incluso, de una regresión autoritaria.
Estas circunstancias «ponen en peligro los escasos pero importantes logros político-electorales alcanzados y la posibilidad de seguir profundizando en una transición democrática que tenga como destino la atención de las necesidades más sentidas y reclamadas del pueblo», advirtieron.
«Se requiere de una cabal reforma del Estado que implica una refundación de la nación», afirmaron Antonio Sandoval, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social; Elio Villaseñor, de DECA, Equipo Pueblo; Orfe Castillo, de la Comisión para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y Mariclaire Acosta, consultora en derechos humanos.
Explicaron que es necesario restablecer las relaciones entre las distintas esferas y órdenes del gobierno y la sociedad y promover un modelo económico y políticas sociales que sean instrumentos del desarrollo humano, la justicia y equidad que aseguren la plena vigencia y el respeto a los derechos humanos.
Antonio Sandoval aseguró que incluso antes de las elecciones presidenciales del 2000, los obispos del país habían reconocido que la legalidad y las instituciones creadas durante el régimen autoritario estaban rebasadas y la realidad demandaba la creación de nuevas formas para enfrentarla.
Sobre la participación de la Comisión de Pastoral Social en el encuentro, aclaró que las comisiones episcopales tienen autonomía de acción con base en el programa que se aprueba cada año y, por ello, no necesita pedir autorización al Episcopado.
MÉXICO LEJOS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Mariclaire Acosta, por su parte, afirmó que el feminicidio en Ciudad Juárez y en otras partes del país «es una prueba clara y fehaciente de lo lejos que estamos para lograr la vigencia plena de los derechos humanos en México».
Sostuvo que el gobierno federal, y concretamente el presidente Vicente Fox, no ha cumplido el cambio que prometió al ganar las elecciones, y aclaró que si bien no puede atribuirse toda la culpa al Ejecutivo federal, sí ha faltado voluntad política.
«Era absolutamente indispensable enfrentar el gravísimo problema de la impunidad, porque ésta es estructural, y eso habría implicado emprender reformas que no se hicieron ni siquiera en lo relativo al ajuste de cuentas con el pasado. Este gobierno no quiso y no pudo enfrentar el peso enorme de ese pasado», afirmó.
En su opinión, el gobierno de Fox perdió un tiempo muy valioso en los primeros meses de la administración para demostrar a los mexicanos que iba a terminar con la impunidad, esta prevalece y es abismal, como lo han señalado organizaciones civiles y organismos internacionales, afirmó.
2005/LG/SJ
