En medio de un clima de crisis política e intolerancia se efectuó este fin de semana la sexta edición del Parlamento de Mujeres de México (PMM), que derivó en una «declaración política» en la que legisladoras de todos los partidos se pronunciaron «contra todo tipo de intolerancia, fundamentalismo y limitación de las libertades democráticas».
Y es que durante los dos días de trabajos del PMM en la Cámara de Diputados, que reunió a más de mil 500 legisladoras, feministas y representantes de la sociedad civil, «el fantasma del conservadurismo» apareció en cada uno de los espacios de discusión, acompañado de la intolerancia.
Una treintena de mujeres de grupos ultraconservadores empañaron los trabajos en el recinto legislativo con gritos, protestas, amenazas y desorden, lo que degeneró en violencia.
Propuestas tan absurdas como «la entrega del cadáver del nonato a sus progenitores», pretendían filtrar estas mujeres en los resolutivos de cada una de las mesas de trabajo; sin embargo, al igual que en años anteriores, la derecha salió derrotada ante la fuerzas progresistas.
Los grupos de derecha rayaron en la violencia, incluso una mujer a quien se identificó como «Yolanda» –una de las más agresivas–, de la organización «Enlace», encolerizada le gritaba en la cara a la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara Baja, Diva Gastélum, manifestando su rechazo a la anticoncepción de emergencia (AE), método recién incluido en la Norma Oficial de Planificación Familiar.
La campaña de los grupos conservadores contra este método recién adoptado por la Secretaría de Salud (SS) se hizo presente en el Parlamento en momentos en que Alvaro Tovilla León, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa, rechazó la demanda de amparo que Provida y la asociación Cultura por la Vida interpuesta contra el uso de la anticoncepción de emergencia, método que califican de abortivo.
El juez se negó a dar trámite a lo que consideró improcedente, ya que de acuerdo con instancias judiciales el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que afecten directamente el interés jurídico del quejoso.
En contexto del Parlamento de Mujeres de México 2004, Pilar Muriedas, activista y directora de Salud Integral para la Mujer (Sipam), puso nuevamente el «dedo en la llaga».
La defensora de los derechos de las mujeres exigió investigar el desvío de 30 millones de pesos del presupuesto etiquetado para el combate del VIH/Sida que hiciera el ex diputado Luis Pazos para destinarlos de manera arbitraria e irregular a la organización ultraconservadora Provida.
En este sentido, Muriedas propuso la instrumentación de una ley para la rendición de cuentas que incluya sanciones para aquellos legisladores que abusan de su fuero, malversan o desvían fondos.
Insistió en que la decisión de Pazos de alterar el presupuesto fue unilateral, abusando de su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la pasada legislatura.
Los fondos, que se asignaron a Provida vía la Secretaría de Salud, que en su momento aceptó la entrega de recursos a Provida, se destinaron para la apertura de «clínicas antiaborto»; a la fecha se estima que operan 16 y continúan extendiéndose a todo lo largo y ancho del país.
Mientras la activista presentaba su ponencia acerca del bautizado caso «Providagate» las voces de la derecha, la apresuraban a terminar con su exposición.
Los intentos de los grupos conservadores por filtrar sus posiciones ideológicas en los acuerdos del Parlamento fueron vanos y no se vieron reflejados en la declaración final, más que en su punto número 12 –de los 14 que la conforman–, donde las legisladoras rechazaron todo tipo de intolerancia y fundamentalismo.
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