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Aplasta los derechos femeninos el moralismo foxista

Por Rafael Maya

Con el simulado cambio de reglas –promovido por el propio gobierno federal– que ha trastocado en los anteriores tres años el Estado laico en México, las más perjudicadas han sido las mujeres, sobre todo en su derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Tras el arribo de Vicente Fox a la presidencia en el año 2000, las políticas públicas en materia de salud y educación han sido salpicadas por elementos religiosos y moralistas. Organizaciones civiles por los derechos femeninos han documentado y alertado sobre acciones de gobierno que han socavado conquistas de las mexicanas, tales como el derecho al aborto legal.

El caso más emblemático es el desvío por 30 millones de pesos del presupuesto de egresos de este año, que podrían ser entregados a la organización ultraconservadora y ligada a la Iglesia Católica, Provida.

El diputado federal por el gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Luis Pazos de la Torre, –en flagrante violación a la ley–recortó recursos aprobados para salud de las mujeres y combate al VIH/SIDA y los reasignó el pasado mes de enero a la construcción de 10 clínicas antiaborto de Provida.

GRUPOS OSCUROS EN LAS POLITICAS DE SALUD

En un balance sobre la política de Salud del gobierno federal, la organización civil Salud Integral para las Mujeres (SIPAM) advierte que la sociedad mexicana «vive diversas formas de intervención –cada vez mayores– de lo religioso en asuntos de política pública y en las formas de concebir la justicia social, ello en aras de fomentar una moral pública».

La organización feminista acusa a las autoridades sanitarias encabezadas por el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, de responder con un silencio cómplice a los señalamientos de que grupos conservadores y miembros de la jerarquía católica obstaculizan y atacan el derecho al aborto en caso de violación, y la promoción del uso del condón masculino.

Para la presidenta nacional del Partido México Posible, Patricia Mercado, las políticas de salud reproductiva del gobierno federal están estancadas. Aunque también advierte retrocesos: «había un consejo interinstitucional sobre salud reproductiva y ahora ya no existe. La semana de salud reproductiva cambió su nombre por el de semana de salud y mujer».

LA CRUZADA CONSERVADORA

María Consuelo Mejía, directora en México de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), recalca que hay una avanzada mundial de la jerarquía católica conservadora con la finalidad de convertir a los Estados en «policías de enseñanzas morales».

Indica que el gobierno mexicano ha cometido actos de omisión al permitir retrocesos en la separación de las funciones de la Iglesia y el Estado. Dijo que de consumarse la violación del Estado laico por parte de las propias autoridades se caería en una «actitud irresponsable, incongruente y antihistórica».

Sin embargo, la antropóloga por la Universidad de Los Andes considera como un signo importante que el presidente Vicente Fox y Marta Sahagún se hayan casado por la vía civil, a pesar de que la Iglesia Católica desconoce a las parejas que contraen segundas nupcias tras haberse desposado por primera vez en una celebración religiosa.

María Consuelo Mejía definió como algo inexplicable que la «pareja presidencial» padezca la «crueldad de El Vaticano» y permita que la Iglesia Católica intervenga en políticas públicas.

GUÍA MORALISTA

Desde principios de este año con el anuncio de la distribución de la llamada Guía de Padres –elaborada por la Fundación Vamos México, el sindicato magisterial y la ultraderechista Unión Nacional de Padres de Familia– en escuelas públicas, organizaciones ciudadanas alertaron sobre la posibilidad de que con el documento haya un «grave retroceso» en materia de educación laica y científica.

Gabriela Delgado, directora de Afluentes, organismo civil especializado en educación sexual, aseguró en su momento que esa guía es acorde con la ideología de la Iglesia Católica.

Precisó que es un proyecto educativo a largo plazo para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) forme a las nuevas generaciones en valores familiares, evitando hablar de temas como aborto, prostitución y homosexualidad.

El abogado ex colaborador en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Jesús Robles Maloof, recuerda la postura ambigua de la SEP durante la presentación de la Guía de Padres.

Dijo que el secretario de Educación, Reyes Tamez, podría ser sancionado conforme a las leyes de responsabilidades de los funcionarios públicos y la general de Educación, por haber renunciado a su obligación de supervisar los contenidos de la guía.

EL «PROVIDAGATE»

El etnólogo de la religión y profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Elio Masferrer, y la presidenta del Partido México Posible, Patricia Mercado, coinciden curiosamente en que «no le ha ido muy bien» a la jerarquía católica y los grupos ultraconservadores en sus intentos por incidir en las políticas públicas.

Observan que la sociedad civil se ha movilizado para detener la «envalentonada de la ultraderecha» en los gobiernos federal y estatales encabezados por el PAN, la cual ha pretendido, por ejemplo, eliminar la posibilidad de aborto legal en Guanajuato y establecer en la Constitución y la Ley de Salud el «derecho a la vida desde la concepción», con lo que se eliminarían las causales para interrumpir el embarazo.

Incluso Elio Masferrer es contundente cuando afirma que la Iglesia Católica y grupos como Provida han sido derrotados en la actual administración federal.

Sin embargo, el mayor triunfo de la jerarquía eclesial y de la ultraderecha mexicana en los tres años de gobierno de Vicente Fox sería –gracias al diputado federal panista Luis Pazos– la asignación ilegal de 30 millones de pesos del presupuesto de egresos 2003 para la organización Provida.

En su libro «El Yunque, la ultraderecha en el poder», el periodista Alvaro Delgado documenta que Pazos de la Torre formó parte en los años 70 de la dirigencia fundacional de un organismo fachada de aquella otra agrupación: la Guardia Unificadora Iberoamericana (GUIA).

Delgado define a Pazos como «prolífico vocero de la ultraderecha». Y con ese papel de portavoz, Pazos recortó –como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja– recursos aprobados para la salud de las mujeres y combate al VIH para reasignarlos a la construcción de 10 clínicas antiaborto del grupo Provida.

DELITO DE PECULADO

Así, con la participación directa de representantes de los sectores más conservadores de la sociedad, el gobierno federal transgrede el Estado laico al permitir que principios moralistas y religiosos intervengan en la planeación de los presupuestos y las políticas públicas.

El jurista Jesús Robles Maloof advierte que la presunta desviación de recursos a Provida requiere de una profunda investigación. Convoca a las y los diputados inconformes a que presenten las denuncias correspondientes.

El autor de Derechos de las Mujeres, Prostitución y Trabajo Sexual: Un Debate Pendiente, advierte que Luis Pazos puede ser incluso acusado ante la Procuraduría General de la República por el delito de peculado, es decir, por desviar fondos públicos para fines privados.

Igualmente, concluye que al terminar su gestión en septiembre próximo el todavía diputado federal puede ser denunciado ante la Secretaría de la Función Pública (antes de la Contraloría), y se le pueden fincar responsabilidades conforme a la ley federal correspondiente.

2003/RM/MEL

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