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Argentina: diferendos entre funcionarios impiden debatir IVE

Por Anaiz Zamora Márquez

En Argentina, mientras organizaciones civiles que defienden y promueven los Derechos Humanos (DH) de las mujeres y el propio ministro de la Salud, Daniel Gollán, pugnan por abrir en el Congreso el debate sobre la despenalización del aborto, integrantes del gabinete presidencial se niegan a incluirlo como un tema de Estado.
 
El pasado lunes 2 de marzo, el recién nombrado ministro de Salud, Daniel Gollán, anunció su intención de impulsar un debate serio sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), alejado de “extremos ideológicos y religiosos”.
 
En una entrevista para la televisión argentina, el funcionario aseguró que se “propiciaría un debate maduro sobre el aborto con todos los sectores de la sociedad”. Argumentó que la discusión era necesaria porque en el país sudamericano se practican alrededor de 500 mil abortos al año, y es la principal causa de muerte materna.
 
A decir de Gollán, se espera replicar el marco legal existente en el vecino Uruguay, nación que en 2012 despenalizó la interrupción del embarazo en todas sus formas.
 
Pese a la postura del ministro de Salud, horas más tarde el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, dijo a medios locales que el debate sobre la IVE no forma parte de la agenda de gobierno y que lo dicho por Gollán era una “mera opinión”.  
 
Es de mencionar que la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner –quien termina su mandato en diciembre próximo–, pese a que impulsó un nuevo Código Civil que avala el matrimonio entre personas del mismo sexo, siempre ha manifestado su rechazo al aborto bajo cualquier circunstancia.
 
La legislación actual argentina en materia de aborto establece que las mujeres sólo pueden interrumpir su embarazo cuando su vida o su salud estén en riesgo, o en caso de violación sexual.
 
Desde 2007, año en que inició el mandato de Fernández de Kirchner, 250 organizaciones civiles se congregaron en la “Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”, desde la cual se han presentado cuatro proyectos de ley que buscan despenalizar el aborto, pero el Congreso no ha aceptado debatir el tema.
 
De acuerdo con la campaña, 52 mil 817 mujeres estuvieron internadas en hospitales públicos debido a complicaciones por aborto en 2010. Desde hace dos décadas esta práctica ocupa el tercer lugar entre los egresos por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio a nivel nacional.
 
En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI), Mariela Belski, envió una carta a la presidenta argentina para solicitarle que la despenalización del aborto sea considerada entre los temas a ser propuestos en la agenda parlamentaria de este año.
 
Precisó que “el tipo penal que criminaliza el aborto viola el derecho a la igualdad y no discriminación, amparado por la Constitución Nacional (de Argentina) y los tratados internacionales”.
 
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