La nula implementación de leyes y políticas públicas para beneficiar a las mujeres en Argentina, como las excepciones legales a la penalización generalizada del aborto, exponen cada año la vida de miles de mujeres y niñas denunció Human Rights Watch (HRW).
En el informe publicado hoy por la organización internacional titulado: «¿Derecho o Ficción?, se precisa que «Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva»; que a pesar de que el embarazo no es una enfermedad, en éste país miles de mujeres sufren complicaciones antes o después de un embrazo.
«En muchos casos, el embarazo es resultado de una atención negligente que niega a las mujeres el derecho a decidir independientemente sobre su salud y su vida».
Cuando el gobierno no compra ni distribuye anticonceptivos, niega arbitrariamente procedimientos lícitos de esterilización, y obliga a llevar a término embarazos que ponen en riesgo la vida de la madre, y niega el aborto después de una violación provocando que las mujeres recurran a abortos inseguros, se están violentando y negando sus derechos a las mujeres, enfatizó HRW.
HRW, informó que en Argentina el 40 por ciento de los embarazos son interrumpidos mediante abortos, en muchos casos practicados de forma insegura. «El aborto inseguro ha sido una de las causas principales de mortalidad materna en el país durante décadas».
Según el Ministerio de Salud de la Nación, en 2008 más del 20 por ciento de las muertes por emergencias obstétricas registradas fueron provocadas por abortos inseguros.
En el informe de 53 páginas, HRW documentó que los obstáculos más comunes a los que se enfrentan las argentinas incluyen prolongadas demoras en la prestación de servicios, derivaciones innecesarias a otros centros de salud, la exigencia ilegal de autorización del esposo y, en algunos casos, directamente la negación de atención.
Detalló que incluso en circunstancias óptimas, la vida de las mujeres y niñas se ve íntimamente afectada por su capacidad de procrear. «El embarazo no sólo afecta sus cuerpos sino que además repercute en su acceso a la educación, el empleo y a la vida pública… las mujeres y niñas tienen una necesidad constante y continua de recibir servicios de atención de la salud reproductiva a lo largo de sus vidas».
SIN IMPLEMENTACIÓN DE LEYES Y POLÍTICAS
En su informe HRW, indicó que el principal problema en materia de salud sexual y reproductiva es que las leyes y políticas destinadas a beneficiar a mujeres y niñas, a menudo no se implementan; lo que se suma a la ausencia de control y de rendición de cuentas en relación con esta omisión por la que pocas autoridades demuestran interés.
Concluye que en Argentina existe un sistema bastante complejo y avanzado de rendición de cuentas que se utiliza pocas veces o nunca en beneficio de la salud reproductiva femenina, siendo la consecuencia para las personas el sufrimiento e incluso la muerte.
«Para el estado, esto también tiene un alto costo en cuestiones urgentes de salud pública, como la mortalidad materna prevenible, el aborto inseguro y los embarazos no deseados».
En su informe HRW coincidió con organizaciones de la sociedad civil (OSC) argentinas que denunciaron ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que las políticas vigentes en el país en materia de salud sexual y reproductiva carecen de efectividad, siendo el acceso a ésta el principal problema de salud que enfrentan las mujeres y niñas.
En el Informe Alternativo realizado por las OSC, y presentado ante el Comité en el marco de la presentación del Sexto Informe Periódico de los Estados parte en su 46 Periodo de Sesiones, indicaron que el embarazo adolescente, muerte materna, la criminalización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la escasa atención para niñas y mujeres que viven con VIH/SIDA, son ejemplo de ello.
En el documento precisaron que si bien desde el 2008 prácticamente todos los servicios públicos de salud del país desarrollan actividades del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (PNSSyR) creado en 2002, es preocupante la gran disparidad y heterogeneidad de los servicios brindados, respecto al tipo de personal y su capacitación, como de la amplitud de las prestaciones que brinda.
Consideran urgente implementar el PNSSyR de manera que se garanticen todas las prestaciones en salud sexual y reproductiva, incluyendo el pleno funcionamiento del mecanismo de provisión de anticonceptivos.
Además de que se adopten las iniciativas y programas específicos para reducir los elevados índices de mortalidad materna como consecuencia de abortos inseguros.
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