En Argentina habría un retroceso legal de 90 años si el veto que hizo el gobernador pampeano Oscar Mario Jorge a la Ley 2394, que reglamenta los abortos no punibles, es apoyado por los legisladores locales que el año pasado, por amplia mayoría, apoyaron esa misma legislación, afirma Irina Santesteban en un artículo publicado por Argenpress.
Irina Santesteban, militante y dirigente política, considera que si los 18 legisladores y legisladoras que a fines de 2007 aprobaron la Ley 2394 ceden a las presiones de la jerarquía de la Iglesia Católica y los sectores más conservadores de la provincia, como lo hizo el gobernador con su veto, estarían retrocediendo en materia de leyes penales.
En 1921, recuerda, la reforma al Código Penal recogió en el Artículo 86 una problemática que ya entonces los legisladores veían como necesaria, cual es la necesidad de admitir la interrupción de un embarazo bajo ciertas condiciones: cuando está en juego la salud de la madre, o cuando fuera fruto de una violación.
Incluso aquella reforma fue mucho más progresista que la legislación actual, pues no distinguía, en caso de violación, si la mujer era «idiota o demente». En consecuencia, cualquier mujer víctima de un ataque sexual, podía practicarse un aborto y éste no era punible.
Sería un retroceso muy grande en materia de promoción de la salud de las mujeres, dice Irina, que este veto fuera convalidado por la inacción de los legisladores. Como también lo sería que, si la ley fuera nuevamente tratada en el recinto, quienes llegaron al mismo por el voto popular «borraran con el codo» lo que votaron favorablemente hace sólo cuatro meses.
Más grave aún es que todo esto suceda por la presión de la Iglesia Católica y su jerarquía, dispuesta a imponer su manera de pensar a toda la población, incluso la que no comparte su visión del mundo y de la «vida», señala la activista.
¿QUÉ VIDA?
Pareciera, afirma el texto, que al gobernador Jorge y a los que ruidosamente presionaron para que vetara la Ley 2394, no los conmueve «la vida» de las 500 mujeres que anualmente mueren en nuestro país, la mayoría como consecuencia de abortos clandestinos, algunos de los cuales podrían ser practicados legalmente, en hospitales públicos y por medio de profesionales, bajo el amparo del vigente artículo 86 del Código Penal.
El inciso 1º de esta norma dispone que el aborto no es punible cuando es practicado con el consentimiento de la mujer y por un médico, si se hace con el fin de evitar un «peligro para la vida o la salud de la madre».
El veto del gobernador Jorge dice que esta norma es «inconstitucional» porque contradice el Pacto de San José de Costa Rica, que incorporó la «defensa de la vida desde la concepción», falseando –afirma Santesteban– la fundamentación de aquella disposición legal, que en realidad, frente a la disyuntiva de tener que elegir entre la viabilidad de una vida «por nacer» y la de la madre, establece la prioridad de ésta última.
La autora considera que la norma fue sabia, porque no sólo habla de «peligro para la vida», sino que hace referencia a la «salud» de la madre. Si la continuidad del embarazo significa un peligro para su salud, éste puede ser interrumpido sin consecuencias penales ni para el profesional ni para la mujer, dice.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), salud no es sólo la «ausencia de enfermedad» como se la definía antiguamente, sino que es un concepto integral que representa el «completo bienestar biosicosocial del hombre y su medio», un «estado de completo bienestar físico, mental y social». Entendido de esa manera amplia, señala Santesteban, es posible incluir dentro de los abortos no punibles al embarazo fruto de una violación, aún cuando la mujer no fuera «idiota o demente», como prescribe actualmente el Artículo 86.
NEGLIGENCIA
Como lo afirmó a fines del año pasado en su columna La Arena, Santesteban señala que el fundamento de esta ley es justamente la «defensa de la vida» de las mujeres, en particular las más jóvenes y pobres, que son las víctimas predilectas de las muertes por abortos clandestinos.
Y recuerda el caso de Ana María Acevedo, la joven santafesina que murió en mayo de 2007, porque en un hospital público no le aplicaron la terapia para el cáncer que padecía, pues estaba embarazada. No sólo su salud, sino su vida corría peligro, y sus padres pidieron una y otra vez que le interrumpieran su embarazo, cuando éste tenía apenas unas semanas de gestación.
Sin embargo, considera Irina, profesionales que no hicieron honor al juramento hipocrático actuaron contrario a derecho, pues pusieron la vida de ese feto por sobre la de la madre, y ni siquiera pudieron salvar a la niña, que nació a las 26 semanas de gestación y sólo vivió 17 horas. Milagros se llamó, y ni siquiera un milagro pudo salvarla. Tampoco a Ana María, que murió pocos días después.
En el juicio que actualmente se tramita por su muerte se han agregado informes que demuestran el accionar negligente de los profesionales que la atendieron, informa.
El titular de la cátedra de Oncología Clínica de la Universidad Nacional de Rosario, Oscar Dip, señaló que debió aplicarse radioterapia en el primer trimestre de embarazo, y quimio en el último. Incluso afirma que existe la tecnología médica disponible para realizar tratamientos sin afectar al feto, revela Santesteban.
María Guadalupe Pallota, integrante de la Sociedad Argentina de Oncología, es más clara aún: la quimioterapia debió hacerse en el tercer trimestre de embarazo porque la vida de la mujer corría peligro. Y deja flotando un dato demoledor: el rabdomiosarcoma alveolar –tal el nombre científico del cáncer que padecía Ana María– tiene un 70 por ciento de posibilidades de sobrevida durante cinco años. ¿Quién defiende entonces la vida?, se pregunta Santesteban.
Según la abogada Paula Condrac, defensora de los padres de Ana María Acevedo, en toda la historia clínica no se tuvo en cuenta la posibilidad de aplicar los tratamientos necesarios para curar el cáncer, incluso cuando hay referencias permanentes al dolor que sufría la joven. Por el contrario, se evidenció en las anotaciones una constante preocupación por el embarazo, como lo único que se debía preservar, añade.
SER CONSCIENTES
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se pronunció en duros términos respecto a la decisión de vetar la Ley 2394 por parte del gobernador Jorge, recuerda en su texto Irina, y en cambio apoyó la primera decisión de la legislatura que «aprobó la reglamentación de la práctica de los abortos legales poniéndose a tono con las necesidades de las mujeres, reivindicando una sociedad pluralista, laica, rechazando la ofensiva reaccionaria, que intenta hacernos retroceder siglos».
Es necesario, concluye Irina Santesteban en su texto, que los legisladoras y legisladores pampeanos sean conscientes que su actitud podrá contribuir a que disminuyan los casos como el de Ana María, que escuchen los reclamos de las mujeres, y que sepan interpretar la voluntad expresada en las miles de firmas recogidas en toda la provincia por el Foro No al Veto, pertenecientes a varones y mujeres de diferentes edades y sectores sociales.
08/CV/GG
