Efectivos del Ejército Mexicano, presuntos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) permanecen activos en las comunidades indígenas nahuas de Temalacatzingo y Tlaquilcingo, en la región de La Montaña, Guerrero, y han advertido a la población que en este mes de agosto realizarán cateos en sus casas.
Ante ello, de acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, emitido el pasado 19 de agosto, los pueblos demandan que tanto el Ejército, la AFI y la PIM salgan de su territorio porque temen que sigan cometiendo graves violaciones a sus derechos humanos.
La actividad de las corporaciones es poco usual en estos pueblos y según el testimonio de indígenas, los recorridos y la instalación de retenes se han vuelto más frecuentes desde el mes de abril. En lo que va del mes de agosto, los vecinos denunciaron al menos tres acciones del Ejército con las que han violado los derechos de las comunidades.
Existen antecedentes de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante 1997 por el Ejército en Temalacatzingo, comunidad nahua del municipio de Olinalá, y en Tlaquilcingo, del municipio de Ahuacuotzingo, donde realizaron cateos e interrogatorios ilegales, invadieron el territorio, allanaron los hogares, torturaron y desaparecieron a indígenas, y violaron a las mujeres.
«AUNQUE NO QUIERAN»
El 11 de agosto de este año, diez vehículos de la PIM ingresaron a Tlaquilcingo y a dos indígenas les pidieron acercarse a ellos, se negaron y la respuesta del agente al mando fue: «está bien que no se quieran acercar, pero en poco tiempo se cateará la comunidad y entonces sí, aunque no quieran».
El 15 de agosto, unos cien militares instalaron un retén muy cerca de Temalacatzingo. Después, aproximadamente a las once de la mañana, arribaron en sus vehículos a la comunidad y sin consultar a las autoridades comunitarias, asentaron un campamento a la orilla del pueblo, dentro del territorio de Bienes Comunales.
Ahí permanecieron durante tres días, revisando e interrogando a los vecinos en un retén que instalaron en el camino que comunica Temalacatzingo con Ixcamilpa.
El temor de las y los indígenas hacia los militares se funda en graves violaciones a los derechos humanos que cometieron en 1997.
El comisario municipal de Temalacatzingo, Felipe Santiago Bello, afirma: «El Ejército hace unos días invadió la comunidad, se apostó a unos metros de distancia del pueblo y bajan al pueblo armados, por eso la gente y la comunidad se atemoriza. No queremos al Ejército porque en el pueblo no hay problemas, tampoco se siembra droga, la gente está en paz y así quiere estar».
Ricardo Cresencio Mendoza narra: «En 1997, cuando llegaron a Temalacatzingo, el comisario estaba en una boda y de ahí lo pararon los soldados y se lo llevaron con los demás detenidos».
José Dolores Bellos, recuerda: «en 1997 mucha gente se encontraba en una capilla y de ahí los sacaron y se los llevaron a un lugar apartado. Los obligaron a que se fueran a una barranca apartada».
En ese año, los vecinos afirman que los soldados «torturaron» a niños, hombres y mujeres y desaparecieron a otros, como Juan Leonor Bello, quien fue detenido y al día siguiente encontraron su cuerpo tirado en una barranca del municipio de Ahuacuotzingo.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, entre 1997 y 2001, documentó más de 70 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en territorios indígenas de Guerrero.
Ante la militarización de los pueblos de Temalacatzingo y Tlaquilcingo, dice el comunicado, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan reitera su preocupación porque el Ejército mantienen una guerra de intimidación en contra de las poblaciones indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, bajo la justificación de su campaña de combate al narcotráfico y la aplicación de ley de armas de fuego y explosivos.
Esto se traduce en violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población indígena, a la que el gobierno de por sí ha excluido de los beneficios sociales, asegura.
La presencia del Ejército viola los derechos humanos de las y los indígenas de Guerrero, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28 bis de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Dicho Artículo establece: «no se desarrollen actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que lo acepten o soliciten libremente los pueblos indígenas interesados. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas, con los procedimientos apropiados en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares».
En este marco, Tlachinollan demanda que el Ejército y las demás corporaciones se retiren de las comunidades indígenas pues su presencia es ilegal y existe el temor fundado de que nuevamente se cometan graves violaciones en contra de la población.
Tlachinollan recuerda los casos de Inés N. y Valentina N., quienes son indígenas tlapanecas que han sufrido el encubrimiento de los elementos militares que las atacaron sexualmente y por lo tanto tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar justicia.
07/GG
