La organización feminista de Nuevo León Arthemisas por la equidad AC se manifestó hoy, a través de un boletín, por que se haga justicia y se respete la dignidad de las 14 mujeres trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, a un año de la violación de que fueron objeto por los ex soldados del 14º regimiento motorizado y de caballería del Ejército Mexicano.
Rechazamos la impunidad, dice el comunicado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresa: «todos los seres humanos nacen libres en igualdad, dignidad y derechos». Estos derechos deben ser entendidos como un nuevo paradigma ético de convivencia pacífica y de desarrollo entre todos los seres humanos.
La función del Estado es garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos para todas y todos; como también lo es sancionar a los responsables de violarlos.
En consecuencia, señalan, «reiteramos que los derechos humanos son iguales y fundamentales para todas y todos, y están garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige.
Rechazan, por tanto, que un acto de esta magnitud pudiese quedar impune, violando las garantías individuales de las mujeres y demandan que el juez Hiradier Huerta aplique la sanción, que en Derecho corresponde, para castigar a los culpables del delito de agresión sexual.
LOS HECHOS
En un recuento de hechos, Artemisas por la Equidad recuerda que la Procuraduría Militar entregó a ocho de los 12 elementos que fueron reconocidos por las mujeres agredidas la madrugada del 11 de julio de 2006.
Que los inculpados son: Fernando Adrián Madrid Guardiola, Norberto Francisco Carlos Vargas, Juan José Gaytán Santiago, Omar Alejandro Rangel Fuentes, Rosendo García Jiménez, Norberto González Estrada, Casimiro Ortega Hernández y Ángel Antonio Hernández Niño.
Que las autoridades han confirmado la deserción de un par de militares de la Sexta Zona Militar, y que tres elementos identificados por las víctimas siguen prófugos de la justicia: Ricardo Hernández, Bardomiano Hernández García y José Raúl Ramírez Martínez.
Afirman también que el soldado Héctor Méndez de la Cruz fue entregado en enero pasado y puesto en libertad en menos de ocho días después, tras lo cual se dio a la fuga.
Que los agresores pertenecían al grupo de militares destacamentado en el edificio donde se encontraban almacenadas las boletas de la elección del 2 de julio del 2006.
Que al momento de los hechos, los militares portaban los uniformes, y utilizaron las armas y vehículos oficiales, propiedad de la nación, para golpear, amedrentar e intimidar a las mujeres violadas.
Que también amenazaron y golpearon a policías, taxistas y clientes que se encontraban en El Pérsico y Las Playas.
Que el proceso concluirá cuando el juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, dicte las sentencias que se darán a conocer a más tardar el 17 de agosto, luego de analizar las 19 mil fojas que conforman los expedientes contra los ex soldados detenidos en el Centro de Readaptación Social de Monclova.
Que el juez de la instrucción, Huerta Rodríguez tiene los medios suficientes para dictar las sentencias condenatorias para los agresores, porque cuenta con pruebas y los testimonios de quienes presenciaron este aberrante hecho.
Que una condena ejemplar para los agresores sexuales de 14 mujeres en el municipio de Castaños hablaría de un hecho histórico sin precedentes en México, de castigarse por vez primera a elementos del Ejército mexicano en un juicio por el fuero común.
Que las mujeres agredidas sostuvieron valientemente un careo con sus agresores.
Que las mujeres agredidas han resistido durante más de un año la presión social y el miedo, así como también han padecido lesiones e infecciones, un aborto y el nacimiento de una niña en febrero pasado.
Y recuerda, finalmente, que las mujeres agredidas han sufrido persecuciones, medidas de presión, actos intimidatorios e insultos, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas precautorias para una de ellas.
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