El Grupo Estratégico para la restitución del aborto terapéutico, en coordinación con IPAS Centroamérica impulsan acciones a nivel nacional y local para llevar información y sensibilización por los derechos a la vida y salud de las mujeres.
Tomando en consideración las consecuencias de la penalización del aborto terapéutico, señalado como un precio muy alto que pagan las mujeres más vulnerables, IPAS Centroamérica trabaja para ampliar la disponibilidad de los servicios seguros y eficaces de salud sexual y reproductiva.
También busca posicionar el aborto como un asunto de derechos humanos, a fin de demostrar cómo las leyes restrictivas relacionadas con el aborto, violan los tratados internacionales ratificados por los países centroamericanos.
María Isabel Maltez Huezo, directora ejecutiva Regional del Centro de Mujeres Ixchen, integrante de la Asociación para el apoyo de la Nueva Familia en Nicaragua, dijo que en la actualidad como Grupo Estratégico, trabajan en diversas líneas a fin de incorporar los recursos legales necesarios para revertir la penalización del aborto.
Para ello, dijo, se introdujo un recurso ante la Corte Suprema de justicia y 300 Amicus Curiae, consistentes en insumos técnicos científicos que permitan a los magistrados tener mejores elementos y tomar una decisión desde el punto de vista técnico-científica que muestra que el aborto terapéutico es necesario y se debe restituir en el código penal como un derecho de salud.
Malte Huezo dijo que las principales víctimas de la ley que penaliza el aborto terapéutico en Nicaragua, son las niñas víctimas de violación, y que el grupo estratégico está enfocado a no permitir que ninguna se muera por la falta de asistencia médica inmediata.
Desde hace 4 años, la red de mujeres contra la violencia y las diferentes organizaciones que trabajan el tema de derechos de las mujeres, esperan que la sentencia de la Corte suprema de justicia sea favorable y se restituya el aborto terapéutico en Nicaragua.
Estudios realizados por diversas instituciones y organismos no gubernamentales reflejan que en Latinoamérica y el Caribe, Nicaragua tiene la tasa más alta de embarazos en adolescentes luego de ser abusadas sexualmente.
Las víctimas tienen entre 10 y 14 años de edad, y los peligros a los que son sometidas por la penalización de todas las formas de aborto, provoca el aumento en el número de abortos inseguros en los que arriesgan la salud y la vida.
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