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Atacan casa de vocera del movimiento jornalero

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La madrugada de este lunes la casa de Lucila Hernández García, vocera del movimiento jornalero en San Quintín, Baja California (BC), fue atacada con piedras por desconocidos, quienes rompieron las ventanas del cuarto donde duerme la activista.
 
Lucila Hernández informó a Cimacnoticias que a las cuatro de la mañana de hoy un estruendo la despertó a ella y a su familia (sus tres hijos, su esposo y su hermana).
 
Y es que desconocidos lanzaron piedras al interior de su cuarto, que antes era su pequeño local de abarrotes. El resto de la familia duerme en una habitación contigua, de no más de cuatro metros cuadrados, que conecta con el dormitorio de Lucila por una pequeña puerta de madera.
 
Como resultado de la agresión se rompieron dos ventanas y al interior de la casa de Lucila quedaron dos piedras grandes en el suelo. Pese a que la vocera del movimiento jornalero se levantó de inmediato junto con su esposo para alcanzar a ver a algún responsable, ya no encontró a nadie.
 
La casa de Lucila Hernández se ubica en la comunidad conocida como Las Casitas, en el rancho Los Pinos y cerca de la empresa agrícola del mismo nombre, una de las señaladas por las y los habitantes del Valle de San Quintín por ser de las más “explotadoras”.
 
Las Casitas está a más de una hora de distancia de la localidad de Vicente Guerrero, también en San Quintín, donde vive la comunidad indígena triqui (originaria del estado de Oaxaca) y la mayoría de los voceros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.
 
La activista por los derechos laborales de las jornaleras dijo que avisó de inmediato a uno de los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se encuentran en San Quintín, quien se comprometió a acompañarla a presentar una denuncia ante el Ministerio Público de la región.
 
Lucila Hernández señaló como probables responsables del ataque a los empresarios agrícolas de la zona, quienes –aseguró– es el único grupo con quien tiene problemas derivados de su activismo ante el gobierno federal desde marzo pasado, en demanda de aumento salarial y mejores condiciones laborales para las jornaleras.
 
Cabe recordar que Lucila es la única mujer que acompañó a los cinco voceros de la Alianza hasta la Ciudad de México el pasado mes de abril, para exigir a autoridades y legisladores federales que resuelvan el conflicto laboral en la región y observen la miseria que se vive en el Valle de San Quintín.
 
Además, la participación de Lucila en el movimiento ha sido el de visibilizar en particular las problemáticas y necesidades de las mujeres, por ejemplo que no se tolere más el acoso sexual en los campos agrícolas, que se construya un hospital de especialidades y que se creen más guarderías para sus hijas e hijos.
 
La defensora observó que la agresión en su contra es para “tratar de intimidar, de meter miedo, pero no lo van a lograr”. Agregó que el gobierno federal está obligado a  garantizarle medidas de protección, ya que uno de los acuerdos firmados en la minuta del pasado 14 de mayo fue que gobierno federal y estatal, empresarios agrícolas, y las y los jornaleros, garantizarían un ambiente pacífico y que “no afectara el orden social”.
 
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