Los organismos de mujeres y civiles asistentes a la 36 sesión del Comíté de la CEDAW en Nueva York, informaron a las 23 expertas de la violación a los derechos humanos durante la acción policiaca en San Salvador Atenco, donde al menos 25 mujeres fueron abusadas sexualmente.
Al respecto, ocho organizaciones feministas que firmaron el informe sombra y el Centro de Derechos Humanos Agustín PRO plantearon a este organismo, encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación de la Mujer, que el gobierno mexicano ha violado los acuerdos internacionales, en tanto que los policías que intervinieron en una acción contra manifestantes de Atenco abusaron sexualmente de mujeres, nacionales y extranjeras que participaban de una manifestación.
La acción policiaca violó la recomendación número 19 de la CEDAW, donde se requiere del gobierno de México información sobre abusos militares y policiacos contra mujeres y llama a impedir que se hagan estos atropellos.
Esta recomendación se refiere al sufrimiento de mujeres en zonas militarizadas, como el caso de 57 en Chiapas, cuestión que no obstante esta especificación el gobierno de México se ha negado a informar.
El llamado documento sombra presentado por organizaciones civiles, establece que el artículo 2 de la CEDAW condena la discriminación en todas sus forma y obliga a que los Estados firmantes usen por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política que proteja jurídicamente los derechos de las mujeres.
También demanda, en la Recomendación 19, que los Estados tomen las medidas necesarias y sancione adecuadamente todas las formas de violencia contra las mujer y la existencia de procedimientos adecuados para la investigación y el procedimiento.
Nada de esto se garantizó en Atenco, señala el documento que se discute en Nueva York.
La denuncia de San Salvador Atenco, en el estado de México, documenta los hechos, los testimonios de las mujeres víctimas, la negativa gubernamental respecto de las denuncias y, sobre todo, la actitud de los funcionarios implicados en el caso.
Señala, los funcionarios justificaron la tardanza para iniciar las averiguaciones previas por las violaciones y otros ultrajes, a que ninguna de las denunciantes permitió que se practicara un examen médico para comprobar los abusos. Y establece que desde el 9 de mayo último la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante el Ministerio Publico las denuncias.
Por ello, se anexa a la denuncia la carta de mil mujeres sobre las Detenidas en Atenco enviado a todo el mundo el 13 de mayo; la carta de Valentina Palma Novoa, chilena deportada ilegalmente a su país, y la demanda que se prepara para entregarse a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
La 36 sesión del Consejo de la CEDAW que se lleva a cabo en Nueva York, elaborará nuevas recomendaciones al gobierno mexicano para hacer justicia sobre las violaciones en Atenco, las pendientes en las zonas militarizadas como en Chiapas y las pendientes de resolución como las de mujeres tzeltales en Altamirano, Chiapas, en junio de 1994.
Los grupos de mujeres consideran que estos atentados y violaciones a los derechos humanos han sido desmerecidas por el gobierno de Vicente Fox.
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