Elena tiene 20 años y lleva 15 meses ejerciendo la prostitución. «Este trabajo es muy duro. Empiezo desde las cinco de la tarde hasta las cuatro o cinco de la mañana. Vivo en el mismo club donde trabajo, entonces me levanto al mediodía, comemos, porque vivimos unas diez en el sitio, y empezamos a arreglarnos para iniciar de nuevo».
Ella, como otras, se encuentra en esa franja de mujeres de origen colombiano, entre los 18 y 35 años, que trabajan como prostitutas en España. Algunas han salido de su país por razones económicas o, como en el caso de Elena, en busca de una solución para su familia después de la catástrofe del terremoto que, en enero de 1999, afectó la zona cafetera de su país.
En los dos últimos años bajó el número de colombianas inmigrantes, debido a la exigencia de visado. Ese espacio ha sido cubierto por mujeres procedentes de los países de la antigua Europa del este y África, muchas de ellas sometidas por trata.
Aproximadamente 400 mil mujeres ejercen la prostitución en España, según fuentes de la policía. De ellas, el 90 por ciento son inmigrantes y un número indeterminado permanece sin papeles, lo que las colombianas han ido resolviendo con contratos ficticios, como empleadas del servicio doméstico, en hostelería, cuidado de niñas y niños o personas mayores.
COMERCIO SEXUAL
Es un hecho que existe trata de mujeres para prostituirlas, pero en el caso de las colombianas contactan con redes que les tramitan la bolsa de viaje (documentos, pasajes y dinero para mostrar a las autoridades), las reciben en el aeropuerto, exigen la entrega del dinero y las conducen a sus sitios de trabajo.
Con la situación económica de fondo, otros factores se suman para que en los países de origen las mujeres decidan emprender viaje en busca de una nueva vida. «Me separé hace dos años, cuando tenía 18. Mi matrimonio fue un infierno. Tengo un niño de siete años y una niña de tres. Él ayudaba con muy poco a sostener la casa. Yo era empacadora y chancera (vendedora)», dice Ana, procedente de Cali.
La historia de Sofía fue diferente. Una amiga le dijo que en España se conseguía trabajo y dinero con mucha facilidad. «Vendí mi taxi, hipotequé la casa y me vine a probar suerte porque necesito sacar adelante a mis cuatro hijos», cuenta.
Parten para tierras lejanas sin ninguna o insuficiente información y casos como el de Sofía se encuentran por todos los caminos. Ella se vio durmiendo una semana en la calle, después de agotar el dinero y no encontrar trabajo por falta de papeles.
A pesar de notarse su mala situación, a la vista saltaba su aspecto atractivo. Inició conversación con una mujer en el metro, le aceptó una dirección para pedir empleo y descubrió que se trataba de un club para trabajar en las noches. No tuvo opción.
EL MUNDO LABORAL
Las condiciones de trabajo son particularmente duras para las que deben dinero y tienen proxeneta o chulo. Viven en locales que les restringen la movilidad hasta que paguen la deuda, permanecen vigiladas y presionadas bajo la amenaza de que le harán daño a algún miembro de su familia, obligadas a un ritmo de trabajo fuerte que supone más «pases» al día.
En Madrid, sobre todo las africanas y las de la antigua Europa del Este ocupan una amplia zona de La Casa de Campo, un gran parque de alrededor de mil 800 hectáreas. Lo hacen por sectores y por nacionalidades, en la mayoría de los casos vigiladas por los «chulos» que las explotan y aprovechan su desconocimiento del idioma y el miedo a los organismos de seguridad.
Según el informe «Trata e inmigración de mujeres en España, colombianas y ecuatorianas en los servicios domésticos y sexuales», presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las colombianas que trabajan en clubes debido a las deudas que confrontan, aumentan el número de clientes que atienden, lo cual les implica reducir al mínimo las jornadas de descanso.
Estas mujeres se ven obligadas a aceptar situaciones límite, como trabajar con la menstruación, no utilizar preservativos o tomar medicamentos que les impidan menstruar durante varios meses, una opción que pone en peligro su salud.
Las mujeres están totalmente desprotegidas en sus condiciones de trabajo frente a los clientes. Ellas saben que «la noche envejece y no solemos ni tomar el sol», además de que en los sitios de alterne, como se denomina a estos lugares, «muchos clientes van hasta arriba de coca». Y «hay mucho consumo de droga» del que poco a poco se van haciendo partícipes, detalla el informe.
Martha cuenta que una vez un cliente la amarró y la golpeó. «El dueño no me creyó. Unas chicas fueron las que me encontraron. Luego la policía cogió al tipo. Hizo lo mismo con otra colombiana. Parece que tuviera algo contra nosotras. No me llevaron a ningún hospital. El golpe fue con una pistola».
Los clubes son lugares de trabajo y residencia. Ellas pagan entre 50 y 60 euros al día, dentro de un paquete que cubre alimentación y alojamiento. Debido a sus horarios, sólo ingieren una comida al día. «Cuando descanso prefiero quedarme durmiendo y no salir para no gastar dinero», comenta Lucía, recién levantada y entrevistada en un club en las afueras de Madrid.
Generalmente no salen ni a comprar, ya que vendedores que gozan de la confianza de los dueños de los negocios les llevan las ofertas de joyería, ropa y lencería y hasta comida de su tierra, para que maten la nostalgia.
ESCENARIO JURÍDICO
La Eva María Sancha Serrano, del Departamento Jurídico de Proyectos Esperanza, señala que trabaja con mujeres deseosas de reinsertarse socialmente, «la trata de personas se encuentra definida en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar La Trata de Personas, aprobado por Naciones Unidas en 2000, que complementa la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional».
El término incluye, según el documento, «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad».
También se refiere a «la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación», que incluya, como mínimo, la obtención de ganancias de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Sancha Serrano recuerda que «la trata de personas con fines de explotación constituye un delito en nuestro país, tipificado en varios artículos del Código Penal».
A pesar de este escenario jurídico, las mujeres que ejercen la prostitución se encuentran indefensas. Si denuncian los abusos, recae sobre ellas toda la responsabilidad y luego la inseguridad.
Si se aprecia que la persona está en peligro por el hecho de participar en un juicio como testigo, se pueden aplicar las medidas previstas en la ley para protegerla.
Además, la Ley de Extranjería ha incorporado desde el año 2000 un artículo que permite dar un tratamiento especial a aquellas personas que, habiendo sido víctimas y encontrándose en situación ilegal en España, colaboren en la desarticulación de redes organizadas, denunciando o aportando datos para la investigación, además de darle la posibilidad de concederle, a su elección, un permiso de residencia y trabajo o facilidades para el retorno a su país».
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