La militarización, el aumento de la migración y el despojo de tierras en las comunidades del sureste mexicano se traduce en mayor violencia contra las mujeres, acusaron defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH) reunidos en el estado de Chiapas durante su 41 Asamblea Nacional.
Las y los activistas advirtieron que las agresiones contra la población femenina del sureste de México han escalado a niveles similares a las que ocurren en los estados de la frontera norte. Explicaron que la violencia ejercida por los gobiernos federal y estatales forma parte de una estrategia más amplia «que busca fragmentar el tejido social».
La 41 Asamblea Nacional de defensores y defensoras de DH congregó a integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos», y agrupaciones de Chiapas, Tabasco y Yucatán.
«En esta región del país las violaciones a los Derechos Humanos no son menores; por el contrario, hoy en día la violencia generalizada en el país y la profundización de la impunidad agudizan el contexto de represión, pobreza, criminalización, migración, despojo territorial y ataques a quienes promueven, defienden y ejercen todos los derechos para todas y todos», manifestaron las y los activistas.
Denunciaron que el despojo territorial es práctica recurrente de los gobiernos federal y estatales y de grupos empresariales, contra quienes defienden sus recursos naturales y se niegan a ceder sus territorios para la inversión privada para la explotación de minas, construcción de proyectos eco-turísticos y carreteros privados.
«La creciente militarización, ocupación policiaca y paramilitarización de las comunidades y ciudades del sureste, se reviste hoy bajo el discurso de lucha contra la delincuencia organizada, buscando desmovilizar y controlar las dinámicas civiles de los pueblos que se van organizando», expresaron las y los defensores de DH.
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