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Aumenta violencia doméstica contra mujeres en Nuevo León

Por Juana María Nava Castillo

Al menos 55 mujeres de esta entidad han muerto en los últimos tres años a manos de sus parejas o algún familiar en medio de un aumento de la violencia doméstica, en particular contra las mujeres, sin que las autoridades adopten las medidas necesarias para proteger la vida de las víctimas, informaron grupos civiles.

Tal es el caso de Hilda María Alvarez Alonso de 29 años de edad, quien fue asesinada por su esposo el pasado 22 de enero y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado jueves 6 de febrero en las faldas del Cerro de la Huasteca (al poniente de Monterrey).

Los esfuerzos de organizaciones civiles como Alternativas Pacificas, han sido insuficientes mientras el gobierno estatal hace caso omiso al problema, que por ahora enlutó a un hogar más y dejó en la orfandad a dos menores de siete y cuatro años.

Tras ocho años de matrimonio, Hilda María se había separado cinco meses atrás de su esposo, Edgar Ruíz Rangel, a causa de los malos tratos y celos de su pareja. El agresor siguió maltratándola hasta estrangularla para después abandonar su cuerpo en las faldas del cerro de La Huasteca, en el municipio metropolitano de Santa Catarina.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 22 de enero, fue hasta el pasado jueves seis de febrero cuando se reportó el hallazgo del cuerpo de la mujer, que fue identificada por su familia.

La familia de Hilda reportó su desaparición, pero las autoridades no hicieron caso a la denuncia, mientras el agresor simuló un secuestro y con la ayuda de un cómplice pidió a la familia un rescate por 20 mil pesos que fue pagado, pero la mujer no apareció.

La investigación condujo al arresto, el viernes pasado, de Edgar Ruíz, quien reconoció el homicidio que planeó y cometió el mismo 22 de enero, fecha en la cual engañó a su pareja fingiendo otra voz para que ésta acudiera a una cita de trabajo.

SIN POLÍTICAS PUBLICAS PARA DEFENDERLAS

Situaciones como esta se presentan con frecuencia en esta “vanguardista” entidad, presumida por las autoridades, pero que hasta el momento carece de políticas públicas que den atención integral a las mujeres que a diario son maltratadas por sus parejas.

Para muestra un botón. El pasado mes de octubre, el gobierno del Estado decidió cerrar el Centro de Atención a Victimas del Delito (Cavide) al cual acudían desde hacía nueve años las mujeres maltratadas a solicitar ayuda legal y psicológica.

Las funciones de Cavide pasaron a manos del DIF y de la Procuraduría de Justicia del Estado, sin embargo, el primero ha negado que haya problemas serios de violencia y su directora Leonor Zavala, asegura que “son desavenencias conyugales”.

Por su parte la Procuraduría está actualmente diseñando un programa de atención a víctimas de todos los delitos y no cuenta con un programa específico para las de violencia familiar.

Las organizaciones que trabajan directamente con las mujeres maltratadas, como es el caso de Alternativas Pacificas, única asociación civil que opera un refugio para las víctimas cuya vida corre peligro, han propuesto que el delito de violencia en contra de las mujeres se persiga de oficio, como sucede en el caso de los menores de edad.

Hay propuestas legislativas en este sentido, pues hasta ahora el Código Penal del Estado de Nuevo León sanciona la violencia familiar en el caso de las mujeres sólo cuando estas presentan denuncia.

Sin embargo, de acuerdo a las expertas en esta problemática, las mujeres no denuncian legalmente, pues lo que buscan por lo general es atención inmediata en situaciones de crisis y protección para ellas y sus hijas e hijos.

A todo esto se suma la falta de capacitación y sensibilidad de jueces y ministerios públicos que facilita que se sigan presentando hechos tan dolorosos como el del pasado fin de semana.

En el caso de Hilda María, su familia había denunciado la desaparición y había emprendido una búsqueda distribuyendo volantes. Las autoridades sólo atinaron a decir: al rato regresa, ha de andar con el novio.

       
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