Cuatro de cada 10 embarazadas que acuden a las Casas Maternas que el Ministerio de Salud nicaragüense tiene en todo el país, son niñas y adolescentes, según un estudio del Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS).
El MCAS califica estos casos como embarazos forzados porque las niñas y adolescentes no piden tener contacto sexual, dijo Lorna Norori, facilitadora de la organización civil.
Agregó que estas menores de edad son víctimas de agresiones sexuales principalmente en el seno familiar, y en menor medida por parte de desconocidos.
Estos casos van en aumento y si no ponemos atención, este flagelo se convertirá en un gran problema que no podremos resolver, advirtió Norori, de cara al próximo 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de las Niñas y Niños.
La facilitadora del MCAS dijo que lo más grave es que el Estado nicaragüense atiende los embarazos en niñas y adolescentes sólo desde la esfera médica, e ignora las violaciones a sus Derechos Humanos (DH).
El Estado sigue con el precepto religioso de que la vida desde la concepción es lo más importante y se olvida del derecho de las niñas y adolescentes a vivir libres de violencia, abundó la activista.
En la aplicación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el gobierno de Nicaragua tiene una asignatura pendiente desde las gestiones anteriores con línea conservadora hasta la actual porque se observa que no hay voluntad para atender los principales problemas de esta población, especialmente en la salud y educación sexuales, sostuvo Lorna Norori.
SE CULPA A LAS VÍCTIMAS
El estudio «Visión de la población sobre el abuso sexual», realizado por el MCAS, revela que siete de cada 10 personas consultadas piensa que el abuso sexual en niñas y adolescentes ocurre porque las mamás y los papás no cuidan a sus hijas, dejando sin culpa a los responsables de las agresiones.
Cinco de cada 10 personas piensa que quien comete un abuso sexual es un enfermo, y tres de cada 10 los cataloga como maniacos sexuales, desconociendo que el abuso sexual es un delito y que quien lo comete es un criminal, no un enfermo.
Se presume que la cifra de denuncias de abuso sexual contra niñas y adolescentes sólo alcanza un tercio de los delitos que se cometen, lo cual deja en la impunidad estos hechos, alertó Norori.
Con la prohibición del aborto terapéutico, las niñas y adolescentes embarazadas son forzadas a parir, aunque corran el riesgo de morir.
Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina (AL) y con altas tasas de desempleo, por lo que para una niña o adolescente ser madre se complica sobremanera.
Ante esta situación, el MCAS propone informar y educar a la población, para desmitificar la idea que tienen cuatro de cada 10 consultados, quienes consideran que el abuso sexual contra menores de edad lo cometen desconocidos, cuando la mayoría de las agresiones sexuales ocurren en el seno familiar y se mantienen impunes.
Para Lorna Norori y otras organizaciones nicaragüenses, el Estado debe dar respuesta a esta problemática, pero al parecer sus políticas públicas son ineficientes.
CAMPAÑA NACIONAL
Con el fin de contrarrestar el abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en Nicaragua, el MCAS presentó la campaña nacional «Yo Te Creo», que comenzó este mes de noviembre y concluye en 2016.
Al MCAS lo integran 40 organizaciones de todo el país, entre ellas colectivos de Mujeres, el Club Infantil Jinotega, la Asociación de Hombres Contra la Violencia, la Iniciativa desde la Diversidad Sexual, y la Red de Mujeres Contra la Violencia.
La campaña contempla talleres con adolescentes, encuentros con docentes para abordar el tema del abuso sexual, spots de radio, programas televisivos, ferias educativas, festivales comunitarios y debates con periodistas, entre otras actividades.
Amnistía Internacional (AI) ha llamado en varias ocasiones al Estado nicaragüense para que proteja a las mujeres y niñas que sufren violencia y agresión sexual, pero al perecer el gobierno ha hecho oídos sordos. La más reciente delegación de AI al país centroamericano no fue recibida por el presidente Daniel Ortega.
Frente a los señalamientos de AI, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, aseguró que al parecer hay una campaña contra el Estado nicaragüense, toda vez que los índices de violencia sexual en la nación centroamericana –señaló–no son más altos que en otros países.
El rango es similar al promedio de AL, con una ocurrencia de 80 casos de mujeres que sufren violencia sexual por cada 100 mil, a lo que la Corte está respondiendo, afirmó la magistrada.
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