El caso de tres estudiantes chiapanecas detenidas, torturadas y acusadas de «encubrimiento» del homicidio de la activista transgénero Agnes Torres por policías ministeriales del estado de Puebla, permanece en la impunidad y ninguna autoridad judicial o de Derechos Humanos (DH) se ha pronunciado al respecto.
En entrevista con Cimacnoticias, José Manuel Noyola ?padre de Ali Noyola Rodríguez, una las jóvenes agredidas? acusó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) ?ante la cual se presentó una queja por los abusos policiacos? canceló en varias ocasiones el peritaje médico a las tres jóvenes. «Ahora nos dieron una nueva fecha para el próximo 2 de abril», indicó Noyola.
Además de Ali ?de 19 años de edad?, sus primas Yanira Avendaño Noyola ?también de 19? y Anahí Margarita Noyola Baltasar, de 24, fueron detenidas y trasladadas con lujo de violencia por agentes de la Policía Ministerial, el pasado 16 de marzo, a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ).
Por más de 36 horas permanecieron incomunicadas y fueron torturadas con descargas eléctricas en senos y genitales, golpeadas, además de que sus rostros fueron sumergidos en agua con jabón, y recibieron amenazas de ser violadas sexualmente e incluso asesinadas, si no confesaban su «participación» en el homicidio de Agnes Torres, cuyo cadáver apareció el pasado 10 de marzo en una barranca del municipio poblano de Atlixco.
José Manuel Noyola, originario de la selva lacandona de Chiapas, insistió en que a pesar de que la PGJ acusó a las tres estudiantes de «encubrimiento», la autoridad judicial no se ha comunicado con la familia para informar el estado en que se encuentran las investigaciones.
Luego de que las jóvenes fueron puestas en libertad, Loyola manifestó su extrañeza por el énfasis de la PGJ para considerarlas culpables y al final dejarlas ir.
BUROCRACIA
Las agresiones contra las tres estudiantes residentes en Chipilo, Puebla, quedaron asentadas ante el presidente de la CDHEP, Adolfo López Badillo, en la denuncia número 637 con fecha 17 de marzo de 2012.
Hasta el momento esa instancia solamente ha señalado en un comunicado que recibió la queja, por lo que solicitó a la PGJ del estado información sobre la atención victimológica otorgada a las ofendidas.
Además de que se comprometió a realizar las investigaciones conducentes y emitir en su momento los pronunciamientos correspondientes, la CDHEP dijo que efectuará las indagatorias de manera confidencial en términos de la ley de la Comisión y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.
Las jóvenes también presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual se dio por enterada del caso.
MÁS CASOS DE VIOLENCIA
El caso de las tres estudiantes chiapanecas no es el único en el que policías ministeriales de Puebla se han visto involucrados en abusos y actos de tortura contra jóvenes.
El pasado 10 de marzo, estudiantes de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata de Puebla denunciaron que en el municipio de Huitziltepec los operativos estatales son sumamente violentos en especial contra las y los jóvenes.
«Los catean, los tratan como delincuentes, los amenazan, los agreden, los encarcelan», reportaron en un comunicado.
«Entre la población, entre los jóvenes, comentan, hablan, murmuran su coraje contra la policía, pero nadie se atreve a expresarlo abiertamente. El rechazo y la indignación contra los abusos de la policía crecen día a día», denunciaron.
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