La «inoperatividad» del Estado mexicano para prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México rumbo a Estados Unidos, denunciadas desde hace casi una década por diversas organizaciones civiles, provocó la agudización de la problemática.
Así lo informó Melisa Vértiz, coordinadora de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, quien lamentó que el gobierno no escuchó y tampoco actuó para frenar las agresiones en contra de esta población, los cuales afectan particularmente a las mujeres migrantes, así como a las niñas, niños y adolescentes.
Previo al inicio de la «Caravana del Sur» que saldrá el siguiente viernes de Morelos rumbo a los estados del sur de la República Mexicana donde la problemática de la migración se ha agudizado (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guatemala, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla) la activista criticó la inoperatividad de las autoridades, quienes se convirtieron en responsables de las violaciones a los derechos de migrantes «porque conocían de los abusos y no actuaron».
DENUNCIAS IGNORADAS
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes dirigidas al gobierno federal comenzaron en 2004. Desde entonces personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos de las distintas policías, fueron denunciados por agresiones cometidas contra migrantes durante las redadas y operativos.
Los secuestros y extorsiones cometidos por la delincuencia organizada coludida con las autoridades, también empezaron a denunciarse.
La experta aseveró que pese al incremento de la violencia en contra de quienes ingresan al país rumbo a Estados Unidos, a la fecha, México carece de una política migratoria integral, «hasta ahora sólo hay acciones aisladas que no resuelven el problema de fondo».
Además de ignorar el reclamo de la sociedad civil en México, el gobierno hizo caso omiso a la Relatoría de Trabajadores Migratorios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2002 expresó que México debía atender el fenómeno migratorio ya que su triple condición de emisor, receptor y de tránsito de migrantes, impacta en el desarrollo social y económico del país.
Un ejemplo de la grave situación que enfrentan las personas migrantes, es el secuestro, tan solo de abril a septiembre de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó 214 casos de secuestro masivo de migrantes, el número de víctimas rebasa las 11 mil personas.
Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), cada año ingresan al país 150 mil migrantes sin documentos, la mayoría provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Sin embargo, para las organizaciones civiles, la cifra asciende a 400 mil. De acuerdo con el Fray Matías de Córdova por cada 10 hombres que ingresan al país, 7 son mujeres.
Las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes son diarias, diversas, flagrantes e implican afectaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la igualdad ante la ley, el debido proceso y la protección judicial, indica el informe «La crisis de derechos humanos en la frontera sur de México».
El número de migrantes que transitan por la frontera sur es cada vez mayor, refiere el documento. Muestra de ello, es que las deportaciones a países centroamericanos desde
Chiapas aumentaron 36 por ciento respecto del año anterior, de acuerdo con cifras oficiales.
Al tiempo, incrementaron las detenciones arbitrarias de «forma exponencial». Así de 2002 a 2005 el número de extranjeros detenidos por el INM subió 74 por ciento, llegando a más de 240 mil personas.
El documento, elaborado por organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes en 2008, informa que la frontera sur de México comparte con Guatemala y Belice aproximadamente 1200 kilómetros, de los cuales 970 limitan con Guatemala. En esta zona se encuentran ubicadas 29 de las 52 estaciones migratorias que existen en México.
Se estima que en la frontera sur de México hay más de 200 rutas para el tránsito ilegal de personas, añade el informe que en ese año las organizaciones presentaron ante la CIDH.
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