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Autoridades prometen abatir acoso sexual contra jornaleras

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Las miles de jornaleras que están en paro de labores en el Valle de San Quintín, en el estado de Baja California (BC), consiguieron que las autoridades federales se comprometieran a instaurar mecanismos para frenar el acoso sexual que ejercen contra ellas los supervisores en los campos agrícolas.
 
Como parte de los acuerdos alcanzados tras haber iniciado un paro de labores desde el pasado 17 de marzo –el cual continúa–, las y los más de 60 mil trabajadores del Valle de San Quintín en el municipio de Ensenada, BC, lograron que las autoridades laborales a nivel federal se comprometieran a frenar el acoso sexual que padecen las jornaleras.
 
En una reunión el pasado viernes 20 de marzo, los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín, exigieron a los representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) –que participan en la mesa de negociación en la que se revisa el pliego petitorio del movimiento– que dejaran por escrito en una minuta su compromiso de acompañar las denuncias interpuestas por las jornaleras ante la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJE).
 
Los funcionarios de la STyPS y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también se comprometieron a realizar eventuales inspecciones de trabajo en los campos agrícolas, para asegurar que se respeten los derechos laborales de las trabajadoras.  
 
En entrevista, Fidel Sánchez Gabriel, vocero del movimiento, aclaró que los acuerdos no serán efectivos hasta que la mesa de negociación firme la minuta al respecto.
 
No obstante, la mesa estará en receso hasta este miércoles 24 de marzo a fin de que los agricultores acuerden la aprobación del punto principal de sus exigencias: aumento salarial y más paga por la caja de fresas, moras, jitomates y otros productos de cultivo.
 
El vocero destacó que las autoridades federales representadas en la mesa de negociación han mostrado voluntad para cumplir con cada una de las peticiones, pero advirtió que fue hasta que realizaron el paro de labores –que afecta principalmente a empresarios de la zona– que los funcionarios decidieron escuchar sus demandas.
 
Sánchez Gabriel recordó que el acoso sexual por parte de los llamados mayordomos de cuadrillas, mayordomos generales e ingenieros encargados de los ranchos, es un problema que afecta al 80 por ciento de las trabajadoras, incluso menores de edad, madres y adolecentes que laboran sin que exista una sola consignación por este delito, a pesar de que las trabajadoras ya han denunciado ante el Ministerio Público.
 
En la primera reunión con los funcionarios, las y los jornaleros consiguieron que se les garantice la licencia por maternidad y el permiso de cinco días por paternidad.
 
Como recordó el vocero, cada punto de su pliego petitorio es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero las autoridades laborales de BC no han logrado imponerse frente a las empresas estadounidenses que “gobiernan” la región, donde el 60 por ciento de la fuerza laboral son mujeres indígenas migrantes de distintas entidades del país.
 
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