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Autoritaria la SSP: Emilio Alvarez Icaza

Por Román González

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza calificó hoy como autoritarias a las autoridades de la Ciudad de México, que no consideran a la inseguridad como un problema social.

En comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el ombusdman capitalino criticó las propuestas de incrementar las penas, sancionar cualquier falta o reducir la edad penal, pues no solucionan el problema de fondo, consideró.

Sorprende y preocupa, resaltó Alvarez Icaza, que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, promueva este tipo de iniciativas no sólo por su contenido autoritario, sino porque camina en sentido contrario a otros esfuerzos de dependencias del Gobierno del Distrito Federal.

Señaló que la Comisión que preside ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la formación policial para evitar actos de discriminación por parte de los agentes contra la población de menores recursos, entre ellos, los y las jóvenes, las mujeres, personas discapacitadas y otros grupos vulnerables.

Dijo que es urgente modificar las prácticas administrativas y los criterios de atención a las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos que acuden a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y a la SSP.

Al presentar el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Distrito Federal 2002, recordó la Propuesta General 1/2002 de la comisión dirigida a ambas dependencias, en octubre de 2001, como reacción al asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, defensora de los derechos humanos.

La propuesta se basó en cinco quejas presentadas entre 1996 y 2000, por diversas amenazas de muerte recibidas por defensores de derechos humanos, entre ellos, Digna Ochoa, asesinada el 19 de octubre de 2001, explicó.

La investigación demuestra que en las cinco averiguaciones se llevaron a cabo prácticas administrativas irregulares, que no contribuyeron a la defensa de los derechos humanos de las y los defensores amenazados.

Lamentó que a casi un año de la emisión, tanto de la PGJDF y la SSP no la han asumido.

“En un Estado democrático los derechos humanos deben ser una prioridad, lo que significa emprender acciones concretas, manifestación de voluntades y la asignación de recursos para hacer que se respeten”, concluyó.

2003/RG/MEL

       
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