Antes de que concluya el actual periodo ordinario en la Cámara de Diputados, estará dictaminada la minuta de Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, aseguró el diputado César Camacho Quiroz, presidente hasta hoy de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en la LX Legislatura.
Camacho comentó a Cimacnoticias que ya se concluyó la revisión técnica de esta minuta que viene del Senado, y este martes, durante una reunión del órgano legislativo a su cargo, se entregará a los diputados integrantes de la misma.
El legislador priista mencionó que se hicieron algunas modificaciones que mejorarán sensiblemente la redacción y el tipo penal, además de hacer más práctica la aplicación de esta norma tan importante para los mexicanos.
Dijo que hoy inicia formalmente el estudio y discusión de esta Ley, pero reconoció que difícilmente podría ser dictaminada hoy mismo porque será la primera vez que los diputados de la Comisión de Justicia conozcan la propuesta de texto.
Sin embargo, Camacho Quiroz confió en que en muy pocos días podrá expedirse el dictamen sobre la minuta.
Aclaro que cualquier modificación que hagan los diputados como Cámara revisora-colegisladora tendrá que volver a ser estudiada por la Cámara de origen, es decir, el Senado y una vez que en este se apruebe entraría en vigor.
El presidente de la Comisión de Justicia dijo que es vital para este órgano legislativo la aprobación del dictamen, toda vez que es vergonzoso que en México se encuentre tan rezagado.
Enfatizó que nuestro país no puede considerarse una nación con un sistema judicial moderno si es omiso en la regulación de un tema tan acuciante, actual y lesivo para la integridad física de la gente sujeta a trata.
Finalmente, sobre los datos que ubican a la trata de personas en segundo lugar entre los delitos a nivel mundial que mayor remuneración dejan a quienes cometen este ilícito, Camacho Quiroz dijo que este tema va más allá del impacto económico.
Enfatizó que no es un delito en el que esté en juego el patrimonio de una persona o una Nación, sino que cimbra y mina las bases de la sociedad y el sano desarrollo de sus integrantes, por lo que constituye un delito de lesa humanidad que es urgente legislar.
SEPARAN COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
El diputado César Camacho Quiroz, informó lo anterior, en el contexto de la decisión en el pleno de la Cámara de Diputados de aprobar la integración, por separado, de las comisiones ordinarias de Derechos Humanos, y de Justicia, que hasta ahora conformaban una sola.
El punto de acuerdo, presentado por la Junta de Coordinación Política y avalado por el pleno, indica que para la integración de estas nuevas comisiones se consideró la pluralidad y proporcionalidad representadas en la Cámara baja.
De esta forma, la Comisión de Justicia será presidida por el diputado César Camacho Quiroz, y los diputados Felipe Borrego Estrada, secretario; Violeta del Pilar Lagunas Viveros, secretaria, y Carlos Alberto Navarro Sugich, secretario.
En tanto, la mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos quedará integrada por la panista Omeheira López Reyna, presidenta; Arturo Flores Grande, secretario, y María Dolores González Sánchez, secretaria.
LEY PENDIENTE
la Ley aprobada por el Senado en diciembre del 2005, y que actualmente se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados, se compone de cinco capítulos que incorporan a nuestra legislación los lineamientos y principios internacionales fundamentales para prevenir, tipificar y sancionar la trata de personas en el ámbito federal -Convención y Protocolo de Palermo, firmados y ratificados por México- y obliga a los órganos dependientes del Ejecutivo, sobre todo a los relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia, a realizar programas permanentes para prevenir y combatir este delito.
Establece que es responsable de cometer trata «quien promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a cualquier forma de explotación o para ser extirpada de sus órganos tejidos o sus componentes, dentro y fuera del territorio nacional».
Al o la tratante se le aplicarán de seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días de multa; pena que aumentará de nueve a dieciocho años de emplearse violencia física o moral o si la persona se valiera de su función pública o aparentara serlo. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos y la inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de prisión.
Respecto a la obligación del gobierno para prevenir y sancionar la trata de personas, las autoridades federales deberán integrar un Comité Interinstitucional para elaborar y poner en práctica un programa nacional que deberá incluir políticas públicas, así como la protección y atención a las víctimas del delito.
En este grupo deberán participar tres representantes de la sociedad civil dedicados a la investigación en materia de trata de personas, además de los titulares de las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social y Procuraduría General de la República.
OTRA INICIATIVA EN TLAXCALA
Además de esta Ley, en noviembre pasado impulsada por distintas organizaciones sociales, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián, inició en Tlaxcala la campaña Por la dignidad de todas y todos que busca impulsar, a través de la participación de la sociedad civil, una iniciativa popular para tipificar como delito la trata de personas en esta entidad del centro del país.
Uno de los objetivos de esta campaña fue recolectar firmas de organizaciones civiles y personas, en los municipios de este estado, para incluirlas en la iniciativa popular, buscando crear conciencia entre la población tlaxcalteca de que la trata de personas para la prostitución forzada constituye una grave violación a los derechos humanos que debe ser sancionada penalmente.
El 7 de diciembre, el Centro Fray Julián llevó ante el Congreso de Tlaxcala esta iniciativa popular para que la trata de personas sea reconocida como delito, por lo que solicitó el apoyo de las organizaciones civiles y de la ciudadanía local para respaldar la iniciativa, ya enfrentar este problema no es tarea sencilla pues resultan afectados los intereses de la delincuencia organizada, señalaron.
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