En los países latinoamericanos sigue habiendo barreras culturales tradicionales que impiden al acceso de las mujeres a la tierra y a la vivienda. Esta discriminación también se refleja en las pocas oportunidades educativas que reciben, aseguró hoy el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Digna Adecuada, Miloon Kothari.
En conferencia de prensa, realizada en la sede de las Naciones Unidas en México, dijo que hay una discriminación tradicional por la tendencia machista que existe en el continente. «Las mujeres tienen derechos, pero los hombres son los que toman las decisiones».
Al presentar algunos resultados preliminares de la Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre Mujer y Derecho a una Vivienda Adecuada, que tuvo lugar en esta ciudad capital, aseguró que hay pocos créditos o subsidios para acceder a una vivienda.
En ese sentido, reveló que los sistemas financieros de los países latinoamericanos, no se dirigen hacia la población femenina, pues consideran que las mujeres no tienen la capacidad de pagar dichos créditos.
Otro de los resultados identificados, refieren que hay barreras burocráticas que dificultan su acceso a programas de vivienda, así como la falta de información acerca de sus derechos y el aumento de la pobreza y desempleo.
El relator dio a conocer que en la consulta participaron 15 mujeres de organizaciones de base de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua, República Dominicana, Perú y Uruguay.
En el caso de México, señaló, hay construcción de viviendas, pero la mayoría de los créditos están orientados hacia empleados de ingresos medios del sector estructurado, lo que prácticamente ha excluido a la población que está «empleada» en la economía informal.
Algunas, reveló Kothari, de las acciones y soluciones identificadas, proponen nuevas y mejores leyes, capacitación en derechos humanos para las mujeres y la asociación con otras organizaciones.
Sin embargo, concluyó el relator, el Estado sigue siendo el principal responsable de la protección y realización del derecho al acceso a una vivienda adecuada, para la población femenina de la región.
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