El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó en el 2007 un plan de políticas de Estado que busca garantizar los derechos de las mujeres, y que incluye una fuerte propuesta de información y prevención.
Además, Lula prometió una suculenta inversión para combatir la violencia de género y reconoció su obligación de tratar el tema del aborto como una cuestión de salud pública, en un panorama con «cruces con el Papa», en un país con 190 millones de habitantes, y donde vive la mitad de la población católica del planeta.
El 2007 terminó para los 190 millones de brasileñas y brasileños con promesas fuertes: una inversión de 500 millones de dólares para prevenir y combatir la violencia de género (monto 40 veces mayor al presupuesto que el gobierno destina actualmente), mayores presupuestos para programas sociales, una reforma política que garantice la presencia de mujeres en las instancias de poder (actualmente casi el 9 por ciento de las bancas son ocupadas por ellas, mientras que en nuestro país alcanzan un 35 por ciento), y una consistente reafirmación del derecho al aborto.
El gobierno también anunció que producirá píldoras anticonceptivas genéricas a un valor muy inferior al que se ofrecen en el mercado, y lanzará unos 50 millones de preservativos a un precio simbólico: apenas 40 centésimas de real. Además, estas medidas serán reforzadas con campañas informativas en salas de salud y escuelas, y con spots publicitarios para concienciar a las y los ciudadanos sobre sus derechos.
La múltiple apuesta del Estado brasileño se basa en las políticas de Planificación Familiar, y busca reducir drásticamente los más de 800 mil abortos ilegales que se hacen cada año en el país, y evitar así que mueran unas 4 mil mujeres (esta es la cuarta causa de mortalidad materna en el país). Pero los sectores más conservadores y la iglesia no dudaron en pronunciarse en contra de los propósitos que el gobierno de Lula tiene en su agenda.
EXCOMUNÓN
Lula Da Silva reconoció que las reformas en derechos para las mujeres sólo serán palpables si se toma el tema del aborto como un asunto vital. En palabras suyas: «el Estado no puede abdicar de cuidar de esto como una cuestión de salud», aunque también reconoció que como ciudadano mantiene una postura contraria al aborto. Voceros de la iglesia católica no tardaron en salir al cruce, y ratificaron que la institución siempre estuvo y estará en contra del uso de profilácticos por considerarlo un elemento que induce a la promiscuidad entre las y los más jóvenes.
En mayo pasado el Papa Benedicto XVI visitó Brasil en su primer viaje como máxima autoridad de la Iglesia (ya había hecho dos visitas anteriores como cardenal, en 1985 y 1990). Ratzinger dijo que «matar a una criatura inocente es incompatible con la comunión. En la Iglesia tenemos una gran lucha por defender la vida, que es un regalo y no una amenaza», y también reivindicó la importancia de los valores familiares. La amenaza de la excomunión para los abortistas no encontró respuesta en Lula, quien prefirió evitar la polémica.
La visita del Papa alentó a los sectores anti-libre opción, los que generan presión sobre el poder político y la opinión pública para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y a los derechos de las minorías sexuales. Así surgió el Frente Parlamentario en Defensa de la Vida y contra el Aborto, fracción que representa una amenaza concreta frente a propuestas de ley progresistas en el tema.
A partir de diversas encuestas nacionales se evidenció una marcada brecha entre amplios sectores de la población que se manifiestan a favor de modificar las leyes para garantizar la libre opción, y el escaso apoyo que estas intenciones encuentran en legisladoras y legisladores y autoridades del gobierno de Lula.
Actualmente la legislación prevé el aborto en las siguientes situaciones: por riesgo de vida de la mujer y cuando el embarazo sea resultado de violación, aunque todavía la ley no se aplica de igual modo en todos los estados. Más recientemente se agregó como causal de aborto impune la presencia de un feto anencefálico.
NO TENDRÁS HIJAS O HIJOS
En noviembre del 2006, el diario Folha de San Paulo y la ONG Instituto Mujer Consciente denunció que la Secretaría Municipal de Porto Alegre aplicó arbitrariamente un implante anticonceptivo a 2 mil 500 mujeres –jóvenes de entre 15 y 18 años, pobres y afroamericanas– en Porto Alegre. Se trató de un tratamiento masivo mediante un anticonceptivo hormonal subdérmico, cuya efectividad alcanza un período máximo de tres años aproximadamente. Esta medida no sólo no fue consultada, sino que ya había sido prohibida en 1988 por la Constitución brasileña.
Con la intención del control poblacional, se socavaron los derechos reproductivos de las mujeres, y su libertad para elegir tener hijas o hijos o no. La medida que llevó adelante el gobierno municipal de Porto Alegre fue fuertemente criticada porque ni siquiera tenía la intención de aportar información sobre cómo evitar el contagio de VIH, entre otras enfermedades de transmisión sexual.
La coordinadora del Área Técnica del Ministerio de Salud, Maria José de Oliveira Araujo, dijo al diario Página/12 con relación al caso: «Esta iniciativa no está en sintonía con los principios de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hombres y adolescentes. Uno de los requisitos fundamentales para la efectivización de esos derechos es la elección libre e informada de las posibilidades de sexo seguro».
«Cabe resaltar –agregó– que no se debe promover la masificación de determinado método anticonceptivo en la población adolescente de mayor vulnerabilidad social, pues esa elección debe ser personalizada, teniendo en cuenta las condiciones individuales, de vida y de salud de las personas».
El anticonceptivo subcutáneo todavía no ha alcanzado mayor difusión y está muy cuestionado por especialistas médicos (se cree que este método podría causar efectos colaterales como el excesivo sangrado, entre otros).
Además, los expertos resaltaron que las estrategias de planeamiento reproductivo deben siempre contemplar la prevención de enfermedades (hay coincidencia en promover el uso de diversos métodos anticonceptivos, poniendo el acento en no abandonar el uso del preservativo, y fomentando la conciencia de las y los jóvenes al momento de mantener relaciones sexuales).
LA LEY DE MARÍA
Maria da Penha fue la protagonista de un caso de violencia doméstica y familiar que inauguró una nueva etapa en la legislación brasileña. Su marido trató de asesinarla dos veces –la primera con arma de fuego y en una segunda oportunidad intentó electrocutarla y ahogarla– en 1983. Los intentos de homicidio dejaron en María lesiones irreversibles para su salud: paraplejia, entre otras secuelas.
Su nombre es el que tomó la Ley número 11.340, aprobada el 22 de septiembre de 2006, y que cumple los objetivos de prevenir, punir y erradicar la violencia contra la mujer, según lo acordado por la OEA (Convención de Belém do Pará), ratificada por el Estado brasileño hace 11 años, así como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), de la ONU.
No son pocos los avances que la Ley Maria da Penha significó, tanto en la definición de los crímenes de violencia contra la mujer, como en los procedimientos judiciales y policiales. Esta ley define la violencia doméstica como una de las formas de violación de los derechos humanos, y contempla que los agresores tengan prisión preventiva decretada cuando amenacen la integridad física de la mujer. También incluye medidas de protección para las víctimas como el alejamiento del agresor del domicilio y la prohibición de su aproximación física a la mujer y a sus hijas e hijos.
La ley María da Penha se considera una batalla ganada para las y los militantes de género y para los sectores pluralistas que defienden los derechos de las mujeres de Brasil y el mundo.
UNA DE CAL Y UNA ARENA
Además de los abusos que sufren las brasileñas en forma directa (se calcula que cada 15 segundos una mujer es golpeada, que miles de ellas son víctimas de explotación sexual, y que sus derechos son violados en el ámbito familiar, laboral y en la escena política), hay muchos otros que son invisibilizados.
Uno de ellos es la violencia extrema que abunda en las calles de las favelas, que deja a miles de mujeres sin esposos, hermanos e hijos (muertos a manos de narcos, pandillas o directamente en procedimientos policiales), aumentando así su situación de vulnerabilidad. Otra situación de desigualdad se evidencia en la retribución que perciben mujeres y varones. Este escenario tiene como principales protagonistas a mujeres afroamericanas y pobres.
Ante este panorama, el discurso de Lula es, al menos, consecuente con lo que él mismo afirmaría en 2004: «confío en vivir el tiempo suficiente para ver a las mujeres ser tratadas en igualdad de condiciones con los hombres en Brasil y en el mundo». Aún queda un largo camino por recorrer para el pleno cumplimiento de ese deseo.
08/FM/GG/CV
