Las prisiones de mujeres son lugares abandonados por las autoridades mexicanas. No existe una política a nivel nacional que contemple la problemática femenina en las cárceles. En lugar de ser éstas centros de reinserción a la sociedad, son lugares de vicio y deformación social.
Los gobiernos federal y estatales, incluido el Distrito Federal, están obligados, de acuerdo al Artículo 18 constitucional, a establecer sistemas penitenciarios que funcionen sobre la base del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, pero estás pretensiones ahora no son prioritarias de alcanzar.
De acuerdo a los datos más recientes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), para el mes de abril de 2008 se encontraban recluidas en el país 217 mil 457 personas y de ellas eran 11 mil 123 mujeres, es decir un 5.11 por ciento de la población penitenciaria.
A pesar de que porcentualmente, en relación con los hombres, son en menor número las mujeres en reclusión, los gobiernos no cumplen con sus obligaciones constitucionales de separar a las procesadas de las sentenciadas. El pretexto es la falta de recursos económicos, pero este argumento es inadmisible.
Los congresos estatales y el Federal deben priorizar en la aprobación de los presupuestos el cumplimiento de la Constitución pero no lo hacen.
Hay hechos muy graves de incumplimiento de los derechos humanos, sobre todo en los estados más pobres del país. La doctora Genny Baeza López, especialista en derecho penitenciario relata:
«En investigaciones que he realizado en los estados de Chiapas y Oaxaca me he encontrado en una misma cárcel, sin separación alguna, a hombres, mujeres y hasta menores de edad.»
«Estás prácticas, dice la especialista, son contrarias al texto del Artículo 18 constitucional que establece que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. Pero resulta todavía más inadmisible que los menores de edad infractores compartan el mismo lugar de prisión que los adultos».
«El trabajo que realizan las mujeres en mucho lugares, dice la doctora Baeza, es elaborar artesanía barata, que no les da alternativas de manutención y sus opciones son denigrantes o a veces ninguna».
En su libro La Mujer en Prisión, la doctora Laura Contreras Navarrete señala que la institución penitenciaria no considera prioritaria la educación de las mujeres y que la capacitación sigue la misma suerte.
Esta investigadora señala que: «…se conserva la idea de que la mujer debe prepararse para ser una excelente ama de casa y, por tanto, debe aprender a cocinar, coser, limpiar y mantener su hogar en condiciones confortables; en conclusión, se le capacita para ser un sujeto dependiente..».
Al no existir una política nacional en materia penitenciara femenil, cada estado de la República, el Gobierno federal, según el periodo que corresponda, cada funcionario, implementa los programas a su manera, sin ninguna coordinación.
El personal que labora en los centros penitenciarios recibe bajos salarios y su grado de instrucción, generalmente, es deficiente, lo que impide la implementación eficaz de cualquier programa.
Existen 444 centros penitenciarios en todo el país, según datos de la SSPF y en los que se incluyen 9 centros de reclusión femeninos que buscan ejecutar, aunque de manera deficiente y aislada, políticas de género. Sin embargo en la mayor parte de la República solo existen «anexos», donde las mujeres viven marginadas de cualquier atención gubernamental.
Existen normas en algunos estados en que se obliga a que las mujeres reciban atención especializada durante el embarazo y servicios ginecológicos, obstétricos y pediátricos de emergencia, pero hay lugares donde el servicio médico, si lo hay, es muy deficiente y limitado.
No existe una práctica general en las cárceles de atención de prevención de cánceres de mama y cérvico-uterino. Se les considera a las reclusas personas sin derechos que no merecen atención.
Hace falta no solo legislar para unificar políticas de atención a las mujeres en las cárceles sino definir de manera clara una política de género que restituya su dignidad humana. Esa es una tarea urgente de atender.
*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
08/MF/GG
