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Carecen instancias de herramientas para castigar discriminación

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Aunque las víctimas de discriminación por su preferencia sexual en el ámbito laboral denuncien esta violación contra sus Derechos Humanos (DH) y se  investiguen los hechos, no existen mecanismos eficientes que les garanticen justicia.
 
En lo que va de 2014, al menos dos casos de discriminación por preferencia sexual en el ámbito laboral se han hecho públicos en los medios de comunicación, debido a que sus protagonistas han buscado todos los medios posibles para denunciar la violencia.
 
Yuri Delgado, en el estado de Jalisco, y Ada Lilia Gaxiola, en el de Morelos, son dos mujeres lesbianas que tuvieron que dejar su trabajo porque algunas personas consideraron que su preferencia sexual era “inadecuada”.
 
Yuri fue despedida el pasado mes de enero del Centro Médico Puerta de Hierro, en el municipio de Zapopan –conurbado con Guadalajara, capital del estado–, luego de que las autoridades del nosocomio señalaran que “su preferencia sexual daba mala imagen” a la institución.
 
Ada fue suspendida de la secundaria “Rosario Castellanos” desde mayo pasado porque un grupo de padres de familia desaprobó su preferencia sexual, la acusó de mal desempeño laboral y luego la agredió.
 
Las dos mujeres denunciaron la discriminación ante las autoridades, pero aún no hay sanciones contra las personas responsables y, en cambio, Yuri es todavía hostigada y Ada no ha podido regresar a dar clases.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Josefina Valencia, coordinadora de Proyectos de la organización El Clóset de Sor Juana, detalló que la impunidad ante la discriminación en los centros de trabajo ocurre por la falta de autoridades sensibles y capacitadas respecto a los DH de las personas con preferencias sexuales distintas.
 
Agregó que las mismas instituciones encargadas de brindar atención carecen de las herramientas suficientes para sancionar los hechos y prevenir su ocurrencia.
 
Valencia detalló que aunque esta forma de discriminación no es más frecuente en mujeres que en hombres, la población femenina la experimenta de manera más constante y menos evidente, ya que no siempre enfrentan agresiones físicas o descalificaciones verbales, sino que se manifiesta con hostigamiento, acoso y desvalorización del trabajo, y en muchos casos hasta con el despido.
 
La activista dijo que cuando eso ocurre, los responsables de la discriminación no aceptan que el término de la relación laboral está motivada por actitudes lesbofóbicas, sino que argumentan mal desempeño o faltas laborales, por lo que en la mayoría de los casos estos despidos no son considerados actos de discriminación y, por lo tanto, la satisfacción para la víctima, en el mejor de los casos, es sólo monetaria y en cumplimiento de sus derechos laborales, pero no humanos.  
 
Josefina Valencia señaló que son varios los obstáculos que las mujeres lesbianas enfrentan para recibir atención cuando son víctimas de discriminación, y que los principales ocurren ante las autoridades judiciales, que –a decir de la activista– minimizan sus problemáticas, las culpabilizan por hacer pública su preferencia sexual, ponen en duda su testimonio o simplemente las ignoran.
 
También criticó que otra barrera es que tanto los consejos para prevenir la discriminación como las comisiones de DH carezcan de las herramientas suficientes para sancionar a los responsables, ya que en la mayoría de casos sus recomendaciones quedan sin efecto.
 
Por lo anterior, la integrante de El Clóset de Sor Juana urgió a que se sensibilice a la sociedad sobre la defensa de los derechos de la diversidad sexual, a fin de erradicar las actitudes discriminatorias y de rechazo desde la infancia. Destacó que en los casos de Yuri y Ada el apoyo de la ciudadanía ha sido su mayor defensa frente a la omisión de las autoridades.
 
También señaló la importancia de capacitar y sensibilizar a patrones, personal de reclutamiento de las empresas y otros servidores públicos, para que no limiten la contratación o hagan señalamientos sólo por el aspecto de una persona; así como desarrollar capacitaciones con personal judicial para que brinde una atención integral y sensible.
 
Añadió que se debe trabajar por la homologación de normas locales respecto de si la discriminación es delito o una agravante, y destinar mayor presupuesto a las instancias encargadas de prevenir este flagelo, para que realicen más capacitaciones y difusión.
 
También explicó que, como Yuri y Ada, existen muchos otros casos más en los que aunque hubo denuncia no se sancionó a los responsables, y lo más preocupante está en todos los otros casos en los que las víctimas –por falta de empoderamiento y fortaleza– no acusaron la agresión o incluso la siguen padeciendo.
 
Según los testimonios de Yuri y Ada, tomar la decisión de presentar una denuncia ante las instancias responsables –como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y las juntas de Conciliación y Arbitraje– es un proceso individual muy difícil, que además derivó en tener que hacer pública su vida privada que por decisión personal o seguridad habían reservado a sus familiares, amigas y amigos o compañeros de trabajo, lo que las deja en mayor vulnerabilidad.
 
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