Cargan mujeres y niñas pesada cruz por deportaciones de EU

El Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi), en colaboración con las comisiones de Asuntos Migratorios de las Cámara de Diputados y el Senado, realizó ayer el foro “Migración, retorno y separación familiar. ¿Qué hacer desde México?”, a fin de colocar en la agenda política este tema bilateral que impacta a miles de mujeres.
 
El objetivo del evento fue cuestionar y reflexionar sobre el papel que juega el gobierno mexicano para apoyar a las mujeres migrantes que son deportadas por las autoridades migratorias de Estados Unidos, y que al ser repatriadas a su comunidad de origen pierden la custodia de sus hijas e hijos sin tener conocimiento de a qué instancias deben acudir para recuperarlos.
 
El Imumi destacó que la deportación de personas que han vivido muchos años en EU, que tienen familias, trabajos, hogares y un alto nivel de integración, dio lugar a un incremento de la separación familiar involuntaria.
 
Entre 2010 y 2012 se deportó a 204 mil 810 migrantes que tienen niñas y niños ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con un estudio de Applied Research Center (ARC).
 
En la administración de presidente estadounidense Barack Obama las detenciones en la frontera disminuyeron, pero las deportaciones aumentaron de forma exponencial.
 
De enero a agosto de 2012 ascendieron a 262 mil 343 repatriaciones, de las cuales 23 mil 358 eran mujeres mexicanas, según datos del Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación.
 
Pero el dato más relevante, no en términos numéricos sino de lo que representa para las familias, es que al 2011 se registraron 5 mil 100 niñas y niños mexicanos que estaban bajo la custodia del Estado norteamericano porque sus madres o padres fueron detenidos o deportados, informó ARC, organización civil estadounidense participante en el foro llevado a cabo en el Senado.
 
Es por ello que la coordinadora de Unidad Familiar del Imumi, Vicky Kline, se encarga de entrevistarse con actores clave en este proceso, tanto de la sociedad civil como de las dependencias de gobierno, para saber quiénes están involucrados en brindar apoyo a las familias separadas, cuáles son las buenas prácticas que realizan para que se repliquen en el país, e identificar las áreas que requieren atención.
 
La migración siempre ha implicado algo de separación familiar, expresó Kline, pero de la manera tradicional implica que una persona que decide migrar lo haga con el apoyo de su familia, con tiempo para tomar decisiones, para planear. En cambio cuando es involuntaria, como lo es una deportación, no se tiene oportunidad de hacer arreglos de custodia de sus hijas e hijos.
 
Contrario a lo que se piensa, abundó la coordinadora, no es un tema sólo de políticas migratorias de EU, también se tienen que revisar las políticas mexicanas de cómo se recibe a las y los migrantes de retorno a su país, porque existe una falta de atención en este tema, que incide en que las migrantes deportadas no tengan forma de cumplir con los requisitos de EU para recuperar a sus niñas y niños.
 
Las migrantes que hayan sido separadas de sus hijos en EU deben someterse a evaluaciones psicológicas para demostrar que su salud mental es apta para cuidar de las y los niños, pero no sólo eso, sino que además deben comprobar mediante un estudio socioeconómico que tienen vivienda, empleo e ingresos suficientes para sostenerlos, todo con base en estándares estadounidenses y en un plazo limitado.
 
Estas exigencias, en un clima donde no hay apoyo del gobierno federal para quienes retornan a México, se tornan casi imposibles, ya que justo por no tener esas condiciones de vida en el país es que migraron a EU, alertó Kline.
 
La senadora del PRD Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, planteó la necesidad de que el gobierno federal cuente con políticas públicas para que quienes tengan que volver al país puedan reinsertarse mejor en su región, en circunstancias distintas a las que los obligaron a irse, tales como el acceso a un empleo digno y educación para sus hijas e hijos.
 
Vicky Kline informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un protocolo para actuar en estos casos, pero no le da mucha difusión, además de que es necesario que se replique en todo el país porque las autoridades locales son las que menos conocimiento tienen al respecto y a la vez son las más cercanas a las comunidades a las que retornan las migrantes.
 
Por ello, el Imumi trabajó en coordinación con la organización estadounidense Women’s Refugee Commission para elaborar la “Guía sobre custodia infantil para padres detenidos o deportados”, misma que se presentó en el foro y que describe paso a paso cómo actuar en una situación como ésta para que las mujeres deportadas recuperen la custodia de sus hijos.
 
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