Caso Campo Algodonero abre un nuevo capítulo

Organizaciones civiles por los derechos femeninos confían reunirse en próximos días con un equipo internacional de peritos y las autoridades del estado de Chihuahua, a fin de conocer el método de trabajo para una nueva revisión de los expedientes del caso Campo Algodonero.
 
En entrevista vía telefónica, Cecilia Escobar Martínez, integrante de la Red Mesa de Mujeres, explicó que la reunión con los peritos y  la Fiscalía General del Estado de Chihuahua es para que expliquen la metodología con la que analizarán los expedientes de ocho mujeres asesinadas y cuyos cuerpos fueron encontrados en ese predio de Ciudad Juárez en 2001.
 
Como mandato de la sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por el caso Campo Algodonero, la semana pasada llegó a la entidad un equipo internacional de peritos para analizar los expedientes y determinar las fallas en la investigación. 
 
Se trata de cuatro expertos. El jefe responsable de la investigación es el costarricense Warren Campos M., y además están los investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Lucía Margarita Luna Prado y Carlos Alberto Rodríguez Contreras, al igual que Guillermo A. Bedoya, egresado de la Universidad Politécnica de Cataluña. Los tres son de origen colombiano.
 
La llegada del equipo internacional –el cual no ha sido presentado aún a las activistas contra el feminicidio– es también una añeja demanda de grupos civiles y familiares de las mujeres víctimas de asesinatos y desapariciones en Chihuahua.  
 
Los peritos fueron recomendados por asesores de Carlos Castresana Fernández, fiscal del Tribunal Supremo de España, y al final fueron avalados por la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dependencia federal encargada de dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero.
 
EXPECTATIVAS
 
Cecilia Escobar detalló que el equipo especial tendrá que definir los criterios bajo los que se revisarán los expedientes, así como definir la forma en que se evaluará el trabajo realizado hasta el momento por las autoridades involucradas en la investigación.
 
Del mismo modo deberá determinar si su trabajo se extenderá a los casos de los cuerpos hallados en el Valle de Juárez, como ya lo han solicitado las organizaciones ciudadanas.
 
Por su parte –abundó la activista–, la Fiscalía General de Chihuahua tendrá que determinar cuál será su postura frente a la labor de los expertos y de qué manera asumirá su responsabilidad en caso de que se encuentren omisiones, negligencias o fallas cometidas previamente por las autoridades judiciales. 
 
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