Hoy, durante el LXXVIII período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), México deberá referirse a las medidas de protección que garanticen la vida y la integridad de defensores de derechos humanos relacionados con el caso Digna Ochoa y Plácido.
Desde el 25 de octubre del 2001, la Corte Interamericana aprobó medidas provisionales para que el Estado mexicano garantizara la vida y la integridad de familiares de la abogada Digna Ochoa, asesinada el 19 de octubre de ese mismo año, y de Pilar Noriega García, Bárbara Zamora y Leonel Rivero, abogados que trabajaban con Digna en varios casos.
La orden de protección emanada de la Corte obedeció a los actos de intimidación y de hostigamiento que recibieron las personas antes mencionadas tras abrirse la investigación por el asesinato de la defensora de derechos humanos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos, ya ha informado a la Corte Interamericana sobre la falta de avances en las investigaciones de los hechos que motivaron la adopción de las medidas provisionales. Esta organización y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participarán en la audiencia convocada por la Corte.
DERECHOS ELECTORALES
En segundo lugar, durante la sesión del día 8 de febrero del LXXVIII período ordinario de sesiones de la CIDH, México deberá responder por las violaciones a los derechos humanos en el caso Castañeda.
Jorge Castañeda Gutman fue el primer secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno del ex mandatario mexicano Vicente Fox (2000-2006) y su demanda se originó en su imposibilidad legal para poder participar como aspirante independiente en las elecciones presidenciales del 2006.
En la audiencia pública rendirá testimonio el propio Castañeda, así como el perito Lorenzo Córdova, propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El primero se referirá al proceso relacionado con su intento por ser registrado como candidato a la presidencia de México y al proceso de impugnación que siguió a la negativa del Instituto Federal Electoral en conceder dicho registro.
Por su lado, Lorenzo Córdova Vianello rendirá peritaje sobre «los mecanismos existentes en México para la impugnación por inconstitucionalidad de decisiones que afectan los derechos políticos o electorales; sobre la exclusión de las cuestiones electorales como materia del recurso de amparo; y sobre la jurisprudencia mexicana relativa a la impugnación por inconstitucionalidad de decisiones que afectan los derechos políticos o electorales.
En esta audiencia, las partes: Castañeda, la Comisión Interamericana y el Estado mexicano tendrán la oportunidad de presentar verbalmente sus argumentos sobre excepciones preliminares, fondo y reparaciones en el caso.
08/GG
