Inicio Caso Inés y Valentina, en manos de la cuestionada Fevimtra

Caso Inés y Valentina, en manos de la cuestionada Fevimtra

Por la Redacción

Un mes después de que las indígenas Inés y Valentina, violadas por militares en 2001, pidieran a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer sus casos al ámbito civil tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ambos están ya en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra).

En una ficha informativa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que el pasado 15 de septiembre Valentina Rosendo e Inés Fernández fueron notificadas por la PGR de que sus casos habían sido trasladados a la Fevimtra, instancia federal que persigue los delitos de violencia contra las mujeres y trata.

Tlachinollan advirtió que los términos en los que se enviaron las investigaciones al fuero civil “no entrañan el pleno acatamiento de la sentencia de la CoIDH, evidenciando tanto la negativa del Ejército a sujetarse a los fallos, como su nula subordinación a otras instancias del Ejecutivo federal”.

Si bien la remisión de los expedientes a la Fevimtra representa un “avance sumamente significativo” y un triunfo de Inés y Valentina –señaló Tlachinollan– las condiciones en que fueron enviados hacen necesario “más que nunca” monitorear el avance de las indagatorias.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña –uno de los representantes legales de las tlapanecas en el litigio ante la CoIDH– denunció que sin que las indígenas lo hubieran solicitado y sin que fuera necesario llevarlo a cabo, el Ministerio Público castrense volvió a realizar un estudio “tendencioso” de las pruebas, y reiteró que la competencia para la investigación era militar y no civil.

Al remitir los expedientes al fuero civil, el MP militar argumentó que los actos imputados a los soldados ocurrieron mientras se encontraban en servicio y nuevamente desacreditó los testimonios de ambas indígenas al sostener que “durante la investigación no se acreditó la existencia de alguna conducta de acción u omisión perpetrada por personal militar relacionada con la comisión de delitos que señala Valentina Rosendo”.

Tlachinollan precisó que el avance de ambos casos “constituirá sin duda el mejor parámetro para medir en los hechos el compromiso de la Fevimtra”, al tiempo que confió en que los testimonios de Inés y Valentina sean ponderados como un elemento primordial por encima de las pruebas reunidas sesgadamente por el MP militar, de tal suerte que a la brevedad la Fevimtra deberá consignar los expedientes para que los responsables respondan ante la justicia.

INSTANCIA INEFICAZ

En 2004 la PGR creó una fiscalía especial para esclarecer los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez. Dos años después, en febrero de 2006, se instauró la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), misma que el 31 de enero de 2008 se convierte en Fevimtra, pues entre sus facultades se agrega la investigación del delito de trata de personas.

Según el acuerdo por el que se crea la Fevimtra, ésta no tiene facultades para investigar y perseguir los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas cuando estén relacionados con delincuencia organizada.

No obstante, desde su creación, la Fiscalía no ha consignado ninguno de los casos que ha tenido en sus manos, por lo que el acceso a la justicia para las mujeres no ha sido garantizado por esta instancia, creada ex profeso para ello.

Casos como la violación sexual de 14 mujeres de Atenco que denunciaron ante la Fiscalía la violación sexual cometida por policías en los operativos de 2006; el feminicidio en Juárez por los casos del Cerro del Cristo Negro y Campo Algodonero; la violación de 14 mujeres en Castaños, Coahuila, y el de la periodista Lydia Cacho, quedaron fuera de la competencia de la Fevim, hoy Fevimtra, debido a la “falta de elementos” para consignar responsables.

Cabe recordar que en junio de 2006, la PGR regresó a la Procuraduría de Chihuahua la investigación por violación y asesinato de 14 mujeres en el cerro del Cristo Negro en Juárez, y el feminicidio de ocho mujeres en Campo Algodonero, en la misma cuidad.

Luego de tres años de tener “congelada” la investigación por tortura sexual (violación) contra 11 mujeres cometida por policías de los tres niveles de gobierno, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, la Fevimtra cerró el caso y declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

La instancia argumentó entonces que “en razón de que fueron delitos de competencia estatal (es decir, cometidos en el Estado de México y por agentes estatales) no surte la competencia en razón del territorio ni en razón del fuero”.

La entonces fiscal, Guadalupe Morfín, consideró que las violaciones a Derechos Humanos fueron cometidas “únicamente por corporaciones policiales” del Estado de México, señalando a 34 elementos como responsables.

Concluyó también que “de los informes o constancias que obran en actuaciones no se evidencia la participación en los actos de tortura que sufrieron las víctimas y que son los hechos que esta Fiscalía investigó”.

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