El acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral son delitos que se manifiestan en actos o conductas que, de tan comunes en la vida de las mujeres, pueden pasar por “cosas normales”.
Cuando una mujer decide denunciar se enfrenta a una serie de cuestionamientos, se arriesga a que se piense que su denuncia se deriva de una supuesta venganza, una difamación o que es una mentira, también se expone a ser víctima de más agresiones.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de la Función Pública aseguran –con base en un estudio realizado– que sólo en dos de cada 10 casos de acoso sexual cometidos en el ámbito laboral, la persona agresora es despedida; en contraste, seis de cada 10 víctimas prefiere renunciar antes de denunciar el hecho.
Muestra de la dificultad que tienen las mujeres para acceder a la justicia y la revictimización a la que son sometidas cuando deciden denunciar, son las académicas María del Carmen Rodríguez Sánchez y Clemencia Correa González, quienes fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte del doctor José Enrique González Ruíz.
Pese a que los hechos fueron comprobados por las autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), ellas siguen enfrentando el señalamiento, cuestionamiento e incluso hostigamiento de quienes decidieron poner en duda su palabra, sin acercarse a escucharlas.
El pasado 30 de abril la UACM informó que luego de un proceso de 11 meses, González Ruíz fue despedido “mediante una decisión fundada y motivada con pleno respeto a los Derechos Humanos” de las personas involucradas, lo que desató una campaña de difamación en contra de las académicas.
PELEA LEGAL
En entrevista con esta agencia, Andrea Medina Rosas, abogada de ambas profesoras y quien también fue una de las litigantes del caso Campo Algodonero –referente a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano–, explicó cuáles fueron los procedimientos mediante los cuales el acoso de González Ruíz fue reconocido por la UACM.
En diciembre de 2012, luego del tercer acto de hostigamiento sexual en su contra, Carmen Rodríguez decidió presentar una denuncia formal. Al notar que ninguno de sus compañeros integrantes del posgrado de Derechos Humanos de la UACM la apoyaría, se acercó a la también profesora Clemencia Correa, quien le confió que, al igual que ella, había sido víctima de actos semejantes.
Para junio de 2013 se decidió presentar una denuncia administrativa (en lugar de una denuncia penal o laboral), ya que es el procedimiento que permitiría incidir en el contexto en que ocurrieron los hechos, pues “lo que se buscaba era, por un lado, que el doctor parará el hostigamiento y por el otro que la Universidad se hiciera cargo de crear los mecanismos para que hechos así no volvieran a ocurrir”.
Así el abogado general de la UACM, Federico Anaya Gallardo, recibió la denuncia y al mismo tiempo reconoció que no tenía la capacidad necesaria para investigar los hechos –argumento que ha sido utilizado para desestimar la acusación–, pues la normativa y legislación en la materia define que debe ser un procedimiento especializado.
Por ello –explicó Medina Rosas– el abogado general se allegó de las expertas en el tema, mediante la creación de la Instancia Universitaria, que no sólo conocería de la denuncia contra González Ruíz, sino de otros hechos similares.
Tras una investigación de las pruebas presentadas por ambas partes, las expertas comprobaron los delitos y establecieron que el académico debía ser sancionado.
Es de destacar que la primera opción no fue el despido, sino que el catedrático aceptara ir a un curso sobre discriminación y violencia sexual y que se le removiera de un cargo jerárquico, pero “él no lo aceptó, entonces la Universidad se vio obligada al despido”.
Una vez emitida la resolución –relató la abogada y confirmó la UACM en un comunicado–, González Ruíz tuvo una segunda oportunidad de comprobar que no había sido agresor.
Sin fijar una postura clara al respecto, el sindicato de la UACM acompañó al doctor “y nunca dijo que se le estuvieran vulnerando sus derechos o que el procedimiento no se estuviera llevando a cabo con la debida diligencia”, aclaró Andrea Medina.
Él negó todos los hechos y para comprobar que no los cometió tendría que haber demostrado “que el dicho de las víctimas no se sostiene”, pero en lugar de comprobar que no incurrió en acoso emprendió una campaña de difamación y calumnia contra Carmen y Clemencia.
A juicio de la abogada feminista, “descalificar a las denunciantes como tal no es forma de probar que él no cometió hostigamiento sexual y por el contrario son actos que mantienen el hostigamiento”.
Mientras las declaraciones, testimonios, pruebas y peritajes psicológicos de ambas denunciantes se mantuvieron en la misma dirección, el dicho de él y de quienes acudieron como sus testigos “presentaron severas inconsistencias”, y para “desmentir a las denunciantes” se hicieron cuestionamientos y señalamientos a su preferencia sexual, convicción feminista, y se presumió que la denuncia se debía a revanchas políticas y envidias profesionales.
“AMBIGÜEDAD” DEL NUEVO RECTOR
La resolución final mediante la que se despide a González Ruíz fue emitida el pasado 30 de abril, por lo que se está a la espera que el profesor presente su denuncia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Aunque el abogado general sustenta su resolución y el Consejo Universitario, aunque no ha fijado un posicionamiento puntual, da su respaldo a las víctimas, de acuerdo con Medina Rosas el recién electo rector, Hugo Aboites, mantiene una posición ambigua al respecto, por lo que existe el riesgo de que González Ruíz pueda ser restituido si no se hace la defensa adecuada de la decisión.
La ganadora de la medalla Omecíhuatl, que entrega el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) en 2012, informó que las académicas continúan siendo víctimas de violencia “generada en la desinformación y propiciada por el propio González Ruíz”.
Lamentó que aunque la institución ya corroboró los hechos existan personas que defienden el dicho del académico sin acercarse a las víctimas o a su abogada defensora, pues tanto Carmen como Clemencia siguen recibiendo múltiples cuestionamientos, a lo que se suma que hay voces que apelan a que el procedimiento no se llevó con la debida diligencia.
Estas calumnias lo que están haciendo “es crear un precedente público de silenciamiento, pues en el fondo lo que se está diciendo con ello es ‘no nos importa lo que diga la institución, nosotros sancionamos a quien se atreva a denunciar’”, puntualizó la abogada.
Finalmente llamó a las autoridades universitarias a apurar el cumplimiento de las medidas de no repetición, que se definieron en la resolución, así como a reparar el daño, mediante el acto público de reconocimiento de los hechos (que viene enlistado como parte de la resolución difundida por la UACM).
En ese tenor, hoy integrantes de la Universidad, así como defensoras y activistas de todo el país, presentan en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) 11 mil firmas –reunidas vía internet– a favor de las medidas de reparación para Carmen y Clemencia, así como para demandar una política de prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual en la UACM.
Al rechazo al acoso sexual y a la campaña de desprestigio contra las académicas Clemencia Correa y Carmen Rodríguez, se han sumado las integrantes del colectivo Mujeres Tejiendo Resistencias en La Sexta. Aquí la carta de apoyo.
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