Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos estatales coincidieron en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) enfrenta una grave crisis de credibilidad y criticaron severamente la actuación del Ombudsman nacional, José Luis Soberanes, a quien acusaron de «cerrar filas en el gobierno de Felipe Calderón», y le hicieron un llamado «a apartarse urgentemente de estas prácticas».
Durante el Encuentro Nacional «El Ombudsman, herramienta de Participación Ciudadana» que se realiza en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Ramírez, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Baja California, advirtió que ante la actuación de la CNDH por el caso de Ernestina Ascencio, al que calificó como «emblemático» la ciudadanía perdió la confianza en las autoridades federales y estatales incluida la CNDH.
«Llama la atención, señaló Ramírez, la actitud de Soberanes en el régimen de Felipe Calderón que contrasta con el enfrentamiento político con Vicente Fox en la última parte de su sexenio».
Para el defensor de derechos humanos, la CNDH pasó, de tener una actuación justa e imparcial y de ser la voz de los sin voz, a cerrar filas en el gobierno en turno.
«Casualmente», señaló, este año el presupuesto para la comisión fue de más de 700 millones de pesos «presupuesto mayor al que un organismo de defensa de derechos humanos haya tenido no sólo en México sino en todo el mundo».
El equipo de transición de Felipe Calderón, señaló Ramírez, «intervino en la negociación y formulación del presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados, incluido el de la CNDH, que de seguro cabildeó su presupuesto».
Sobre el caso Zongolica, el también ex Ombudsman de Baja California enfatizó que Soberanes se excedió en sus atribuciones y «sospechosamente se adelantó en su resolución a la del Ministerio Público de Veracruz, omitiendo señalar el motivo de la presencia del Ejército en éste y otros lugares y desvalorando la palabra de las hijas e hijos de Ernestina».
Así, «el Ombudsman no protegió a las víctimas sino al aparato del Estado», señaló.
Para Raúl Ramírez es notoria una excesiva intervención de la CNDH en este caso, a diferencia de otros igualmente graves en donde ésta no actúa de manera expedita o simplemente no interviene.
Señaló que la función de la CNDH debería contribuir a esclarecer este caso y no a «enturbiar las investigaciones ministeriales», que traen como consecuencia la impunidad.
Dijo que no es justificable por ninguna circunstancia que el presidente del organismo nacional encargado de proteger los derechos humanos en México «se coloque del lado del gobierno, que justifique y encubra sus excesos».
Ramírez advirtió que con este mensaje de la CNDH, se coloca de facto a la ciudadanía en un estado de indefensión ante los abusos del poder.
Este caso (como otros) demuestra hasta dónde llega el interés del régimen de mantener incólume y a toda costa el prestigio de las fuerzas armadas.
Finalmente, Raúl Ramírez señaló que la CNDH debió pronunciarse hace diez años por la utilización de las fuerzas armadas en tareas que constitucionalmente competen a la autoridad civil y preguntó ¿por que hasta ahora Soberanes hace señalamientos que desde mucho tiempo atrás han reclamado las ONG?
El encuentro Nacional, que inició este día y concluirá mañana, fue convocado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en colaboración con el Observatorio Ciudadano del Ombudsman, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM.
07/LGL/GG/CV
