El procurador del estado, Jesús Torres Charles, informó a Cimacnoticias que el pasado fin de semana fue detenido Héctor Méndez de la Cruz, otro soldado identificado como uno de los 14 integrantes del regimiento de Monclova, involucrado en la violación de 13 mujeres en el municipio de Castaños, Coahuila.
El funcionario afirmó que es decisión de la Procuraduría detener a todos los presuntos responsables de los hechos del 11 de julio del 2006, cuando 13 trabajadoras de dos bares de Castaños fueron violadas y atacadas por un grupo de soldados que entonces cuidaban los paquetes electorales y que fueron identificados plenamente por las víctimas y los policías municipales que, al intentar detenerlos en sus fechorías, también fueron agredidos, golpeados y secuestrados por los integrantes del regimiento.
El Procurador afirmó que continúan en la búsqueda de otros 3 prófugos y que no cejará en su empeño de hacer justicia.
Por su parte la abogada de la causa, Sandra de Luna, señaló que Méndez de la Cruz fue entregado por Justicia Militar y señaló que esta semana, en que el proceso ha entrado en una segunda fase, después del desahogo de pruebas, los militares han solicitado que entre como defensor de los soldados precisamente la Procuraduría Militar, lo que podría desviar y alargar el proceso.
Después de las detenciones, hace algunos meses, las víctimas, que se mantienen en Castaños, han recibido algunas presiones y se las ha atemorizado. Sin embargo, ellas mantendrán su denuncia y están participando en el proceso.
Los hechos en Castaños han sido considerados por organizaciones de derechos humanos como una flagrante violación a los derechos fundamentales de las víctimas.
Se ha identificado una docena de delitos, que incluyen la alteración pública, desacato frente a policías municipales, golpes, robo, despojo, violación equiparada y violación tumultuaria, por lo que no existe ninguna posibilidad de que se evadan de la justicia los presuntos responsables.
El Procurador del estado también dijo a Cimacnoticias que la Procuraduría, a través del Ministerio Público acusador, está dando todo el apoyo necesario al proceso para que se haga justicia, luego de recordar que en Coahuila hay una comprometida disposición a evitar la violencia contra las mujeres.
El próximo 12 de febrero se reiniciarán las audiencias del proceso. Se han realizado los careos necesarios, se ha integrado un expediente voluminoso y solamente está pendiente la aprensión de al menos otros 4 presuntos responsables, hoy prófugos.
La violación tumultuaria en Coahuila ya ha provocado solidaridad nacional e internacional. Durante las primeras semanas después de los hechos, las afectadas también recibieron el apoyo, la orientación y la solidaridad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especial de la PGR sobre actos de violencia contra las mujeres y de la Cámara de Diputados Local.
Seis meses después, todo hace suponer que se hará justicia para las víctimas y que por primera vez la justicia civil juzgará debidamente a integrantes del ejército, cosa que no sucedió cuando 4 indias tzeltales fueron violadas en Altamirano, Chiapas en 1994, en un retén militar.
Como tampoco se logró la aprehensión de 4 militares que violaron a dos mujeres en Barranca de Bejuco, en la montaña de Guerrero.
Para ambos casos existen recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que el gobierno mexicano las haya procesado, no obstante audiencias en Washington.
Aparentemente, en el caso de Castaños, Coahuila, operó una decisión de la justicia del Estado, para no dejar pasar el problema y evitar que la Justicia Militar se hiciera cargo de los probables delincuentes, lo que ha sido ampliamente reconocido, ya que el gobierno de Coahuila habría actuado de acuerdo al Código Penal de la entidad, donde la violación es una delito común y en el que la PGJE debe actuar con plena capacidad legal.
07/SL/GG
