Al finalizar enero y principios de febrero continuará el desahogo de pruebas en contra de ocho militares detenidos en Monclova, Coahuila, luego de que en julio pasado violaran a 13 mujeres en el municipio de Castaños, en el mismo estado norteño de México.
En entrevista telefónica, la abogada y presidenta del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovi), Sandra de Luna González, ratificó su confianza en que las autoridades judiciales que emitirán las sentencias ?posiblemente en abril próximo- lo hagan en contra de los militares.
Pero también demandó que las autoridades estatales detengan a otros cuatro elementos del Ejército Mexicano que habrían participado en los hechos la madrugada del 11 de julio pasado y que inexplicablemente están prófugos.
Expuso que actualmente se están preparando las víctimas que aún no rinden sus declaraciones, las cuales habrían sido violentadas sexualmente por varias personas esa madrugada. También se hará la inspección a la zona de tolerancia del municipio de Castaños, en tanto que se desahogan las pruebas por parte de peritos y médicos forenses.
La presidenta del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovi), asociación civil que lleva la defensa de las 13 víctimas de violencia sexual en contra de los militares, dijo que hasta ahora suman siete meses desde que inició el proceso y que este no deberá exceder de un año, por lo que estimó que será hasta abril cuando se dicten las sentencias condenatorias.
Los soldados que participaron en los hechos son Casimiro Ortega Hernández, de 22 años; Rosendo García Jiménez, 22 años; Omar Alejando Rangel Fuentes, de 18 años y Fernando Adrián Madrid Guardiola, de 18 años de edad, así como Ángel Antonio Hernández Niño, de 27 años y Norberto González Estrada, de 27 años, así como los tenientes Norberto Carlos Francisco Vargas, de 26 años y Juan José Gaytán Santiago, de 26 años.
Los ocho fueron entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional a las autoridades estatales para que fueran juzgados por la vía del fuero común, luego de ser degradados de sus cargos dentro de la institución castrense.
En tanto, Coprovi señaló que están prófugos de la justicia los militares Ricardo Hernández Hernández, alias el «Richar», uno de los que actuaron como líderes la noche en que asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños; así como Alejandro Ramos, Juan Venegas y Luis Humberto Mauricio.
De Luna González dijo que recientemente solicitó una mejor aplicación de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, para que sean detenidos los cuatro soldados que aún están prófugos y que ponen en riesgo la integridad física y emocional de las 13 víctimas.
Tanto las mujeres como la sociedad de Coahuila esperan que los soldados prófugos, quienes dejaron su puesto de vigilancia en las oficinas del Instituto Federal Electoral de Monclova la madrugada del 11 de julio de 2006, pronto sean detenidos, dijo la abogada.
Por último, reiteró la confianza en que la justicia coahuilense favorezca a las víctimas y los soldados sean sentenciados por la comisión del delito de violación sexual, robo y agresión, lo que en promedio les daría una condena de 15 años, para luego ser juzgado por la justicia militar.
Cabe señalar que esta sería la primera vez en México en que soldados sean castigados por la vía civil, tras la comisión de un delito del fuero común, lo que no sucedió en la última década del siglo pasado y principios del presente, cuando militares fueron acusados por indígenas chiapanecas y guerrerenses por el delito de violación, incluso tumultuaria.
Las indígenas zapotecas de la zona de Loxicha en Oaxaca no pusieron demanda judicial contra militares, luego de que habrían sido intimidadas por autoridades estatales durante la gestión del entonces gobernador priista Diódoro Carrasco Altamirano, hoy senador del Partido Acción Nacional.
07/SJ/GG
