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Castigar a militares violadores

Por Lourdes Godínez Leal

Dos casos de mujeres violadas por militares en México se encuentran actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): tres hermanas, indígenas tzeltales, originarias de Santa Rosita Sibaquil, Chiapas, y dos indígenas tlapanecas de Acatepec y Ayuta de los Libres, Guerrero, de ellos sólo uno tiene posibilidades de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos organismo que con su sentencia, obligaría al Estado mexicano a castigar a los responsables.

Así lo explicó en entrevista Edgar Cortéz, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, quien señaló que en el caso de María Teresa, Cristina y María Méndez Santiz, las tres hermanas tzeltales la denuncia fue presentada ante la CIDH en 1995 y en ese tiempo México aún no reconocía la jurisdicción de la Corte.

Por lo que, señaló, el caso sólo puede quedar en una recomendación, tal y como sucedió en 2001, año en que esta instancia internacional emitió la recomendación 53/01 al Estado mexicano, en la cual se considera que “el Ejército Mexicano transgredió diversos compromisos interamericanos sobre derechos humanos”.

Otra es la situación de las indígenas tlapanecas oriundas del estado de Guerreo violadas por militares en 2002: Valentina Rosendo Cantú, agredida sexualmente por presuntos elementos del 41 Batallón de Infantería el 16 de febrero, e Inés Fernández Ortega, violada en su casa el 22 de marzo.

A diferencia de las tres hermanas tzeltales, para ellas existe la posibilidad de que sus agresores reciban un castigo, ya que su caso puede ser llevado a la Corte Interamericana toda vez que presentaron su denuncia ante la CIDH en noviembre de 2003, cinco años después de que México reconociera la jurisdicción de la Corte. La recomendación está pendiente.

De ser así (que el caso sea llevado ante la Corte) el Estado mexicano tendría la obligación de dictar una sentencia contra los responsables de las violaciones sexuales.

LAS HERMANAS TZETZALES

El caso de las jóvenes tzeltales (tres niñas de 12, 15 y 17 años de edad) violadas por elementos del Ejército Mexicano en un retén en Altamirano Chiapas, en junio de 1994, se encuentra desde entonces en manos de la Procuraduría de Justicia Militar, sin mayor resultados.

En su recomendación la CIDH exhortó a las autoridades mexicanas para investigar de manera seria, imparcial y exhaustiva la denuncia de las tzeltales y determinar la responsabilidad penal de los violadores, así como dejar en manos de la justicia civil el expediente del caso que se encontraba en la Procuraduría de Justicia Militar.

Y es que a decir de la CIDH, “no se justifica que el hecho se ventile en la instancia militar pues se trata de una violación tumultuaria, considerada como delito común, y no de orden militar”.

No obstante, la recomendación fue rechazada por el entonces presidente mexicano Vicente Fox tras considerar que “no podía invadir la jurisdicción del Ejército”, convirtiéndose en el primer punto en contra de su administración, en materia de violación a derechos humanos.

Por lo pronto, la CIDH continúa dándole seguimiento al caso “cada cierto tiempo”, informa Edgar Cortéz, ya que sesiona dos o tres veces por año, y ha citado a reuniones de trabajo a funcionarios mexicanos y a las denunciantes para conocer los “avances” del gobierno mexicano.

Lo único que se tiene registrado, según información de la abogada de las hermanas tzeltales, Martha Figueroa, es que la Procuraduría del Estado de Chiapas, se comprometió durante la gestión de Mariano Herrán Salvatti a llevar y revisar el caso, que hasta ahora continúa en el fuero militar.

ACTUACIÓN “HISTÓRICA” DE LA CNDH

La actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en estos temas ha dejado mucho que desear desde la década anterior pese a sus “recomendaciones”.

Desde 1994, las hermanas tzeltales denunciaron ante la CIDH a uno de sus funcionarios por difamación, variación de nombre y los que resultasen.

Y es que el representante de la CNDH, obligó a las indígenas tzeltales a poner su huella digital en documentos escritos en español, idioma que no hablaban por ser monolingües, sin contar con el apoyo de un traductor.

En ese entonces como hoy, las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos demandantes no descartaban que esto “pudiera ser usado para solapar acciones violatorias de derechos humanos cometidas por el Ejército Federal”.

La CNDH, organismo encargado de defender los derechos humanos en México, conoció el caso en primera instancia y tiene la bitácora de las acciones jurídicas y de la investigación militar, las cuales hasta hoy se desconocen.

VIOLACIONES TUMULTUARIAS Y EL FUERO MILITAR

Para la abogada Martha Figueroa, lograr que las causas penales

cometidas fuera de contextos de guerra pasen del fuero militar al civil, es una de las principales peticiones de las organizaciones de derechos humanos en México, ya que esta situación favorece la impunidad.

Casos similares a los de estas mujeres indígenas se dan a diario pero muchos permanecen sin denunciar ante la desconfianza hacia las autoridades encargadas de “impartir justicia”.

Y recuerda que en Tonalá, Chiapas, una mesera de 12 años de edad denunció la violación por ocho militares, razón por la que permaneció internada durante cuatro días debido al mal estado físico y moral en que se encontraba.

Después de un probable hostigamiento por parte de civiles con actitud de militares –según denunció el director del hospital regional de Tonalá– y de que la justicia militar tomó el caso en sus manos, alegando que ella es prostituta, la joven declinó toda posible denuncia.

Para Marta Figueroa, “éste es un patrón común en casos de violación por parte de fuerzas militares”.

Según datos del Colectivo de Encuentro entre Mujeres (Colem) entre 1994 y 1997 se documentaron 79 violaciones sexuales contra mujeres indígenas, tan sólo en Chiapas, pero después de la denuncia de las tres hermanas indígenas tzetzales violadas en 1994 por 10 militares en un retén de Altamirano, nadie más ha denunciado. La causa: el temor.

07/LGL/CV

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