La penalización del aborto no es la solución al problema de salud que implica la interrupción del embarazo sino que, más bien, resulta una violación a los derechos de las mujeres que intentan decidir sobre su propio cuerpo y una incongruencia de parte de autoridades que buscan beneficiar al género femenino a través de políticas públicas fallidas e incompletas.
En esto coinciden activistas sociales y defensoras de los derechos de las mujeres, así como defensores de los derechos reproductivos de la población, pertenecientes a diversas organizaciones que ven en la iniciativa «Protección a la vida desde el momento a la concepción» un riesgo en Veracruz y en el país.
Actualmente en el país son 15 las entidades que han aprobado leyes de protección a la vida desde el momento de la concepción –entre ellas Baja California, Campeche, Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo, Querétaro y San Luis Potosí– lo que mueve la polémica, pues de aprobarla dos entidades más, esto podría llegar a modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer federales las enmiendas.
El cambio en la Constitución podría generar una regresión en leyes secundarias, como la aprobada hace cerca de dos años en el Distrito Federal y que permite a las mujeres de esta entidad la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de concepción.
De acuerdo con información de diferentes grupos de activistas en esta materia, Veracruz, junto con otras tres entidades, concentra el 60 por ciento de las muertes maternas, de las cuales la tercera causa es el aborto, por procedimientos mal practicados y sus consecuencias.
«La situación es indignante», expresó Aracely González Saavedra, integrante de la Asociación Civil Xochiquetzal –que defiende los derechos reproductivos y la salud sexual de la población–, pues dijo que este tipo de iniciativas –contra el aborto– son definitivamente mensajes de los grupos fundamentalistas del país que buscan mantener a raya los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Insistió en que mantener penalizado el aborto sólo implica «más muertes de mujeres», ya que a pesar de la prohibición buscan interrumpir embarazos no deseados, muchas veces en condiciones insalubres que provocan desde padecimientos severos que llevan incluso a la infertilidad, hasta la muerte de algunas por infecciones o hemorragias por las condiciones en que se practican.
Aunado a esto, señaló que la penalización del aborto representa una desventaja para las mujeres de las clases económicas más bajas, quienes se ven obligadas a buscar por todos los medios a su alcance la interrupción de un embarazo cuando las de clases más altas tienen acceso a legrados en clínicas, no siempre clandestinas, a costos que van de los siete mil a los nueve mil pesos por procedimiento.
«Esto es una discriminación por ser mujeres y pobres», expresó la activista social, quien insistió en que ahora, en el caso de Veracruz, se debe ver «¿cuál es el mensaje que va a dar el gobierno del estado, tomando en cuenta que hace poco tiempo se aprobó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se creó el Instituto Veracruzano de las Mujeres?» No es contradictorio, inquirió.
De acuerdo con González Saavedra, en los últimos años se tienen documentados casos de al menos seis mujeres que se encuentran encarceladas, purgando una condena porque fueron denunciadas por abortar, muchas veces sin que su pareja o el médico que las asistió tengan el mismo destino.
De éstos, dijo, tres casos son de la zona centro, de mujeres originarias de la sierra; uno más es de la zona norte y de los dos restantes aún no se tienen los datos completos.
En este sentido, informó que algunas organizaciones civiles se han unido para llevar a cabo una investigación formal, a profundidad, para verificar cuántas mujeres se encuentran recluidas en los penales veracruzanos a consecuencia de la interrupción de un embarazo no deseado.
González Saavedra incluso puso al servicio de las mujeres el apoyo de la asociación civil Xochiquetzal, donde se les puede dar orientación en materia de salud reproductiva.
DENUNCIAS POR DISCRIMINACIÓN
Por su parte, la integrante del Grupo Multisectorial vih/sida, Nicté Lakshmi Aguilar, insistió en que «una vez más tendríamos que lamentarnos de que se está volviendo a poner la vida y la salud de las mujeres en segundo término, se está volviendo a considerar a las mujeres como ciudadanas de segunda clase».
Se están violando todos los acuerdos internacionales firmados por este país a nivel internacional para garantizar la protección y defensa de los derechos de las mujeres en contra de la discriminación, pues impedirles tomar decisiones sobre su propio cuerpo, cuando no existen medidas de este tipo contra los hombres, resulta un acto de total discriminación por género, añadió.
Esta situación se sirve del hecho de que las propias mujeres no se están organizando para posicionar su exigencia a una política pública en contra de la discriminación; en ocasiones esto a consecuencia de la desinformación que hay sobre la propia represión por parte de los grupos conservadores en el poder.
Esto es un motivo suficiente, dijo, para que cualquier mujer o grupo de mujeres pudiera empezar a poner demandas en contra de las autoridades por el delito de discriminación pero, sobre todo, en contra de quienes hayan presentado este tipo de iniciativas en los congresos locales, pues al menos en el Código Penal del Estado de Veracruz, en el artículo 196, se tipifica a la discriminación como delito.
Incluso dijo que estas denuncias podrían ser presentadas en contra del gobernador Fidel Herrera Beltrán, pues fue quien presentó esta iniciativa de protección a la vida desde el momento de la concepción, a lo que se sumaría la agravante de ser funcionario público, pues estaría aprovechando su cargo público para buscar privilegiar una situación que resultaría una discriminación para poco más de la mitad de la población.
Agregó que actualmente, con la aprobación de las iniciativas de protección a la vida en diversos estados no sólo se atenta en contra de la vida de las mujeres que habitan en ellos, sino que además se construyen «las redes» para que ésta sea una disposición general tarde o temprano.
CONSTITUCIONAL, EL DERECHO A DECIDIR
A su vez, Monserrat Díaz, integrante del Colectivo Feminista de Xalapa, insistió en que este es el momento de garantizar a las mujeres su verdadera ciudadanía, permitiéndoles de manera definitiva la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo y su reproducción.
Señaló que la propia Constitución protege ese derecho al permitir que cada quien decida libremente la cantidad y el espaciamiento de los hijos que desea tener.
La activista dijo que el problema de que este tipo de iniciativas para «proteger la vida desde la concepción» sean aprobadas es que siempre se les da un manejo informativo sesgado, pues se habla del aborto y «la muerte de un bebé no nato» y no del derecho que tienen las mujeres a decidir, por lo que la carga emotiva gana por encima de la facultad que tiene cada persona a tomar acciones sobre su propio cuerpo.
Señaló que encuestas practicadas en todo el país y en particular en la ciudad de México, donde ya se permite la interrupción del embarazo, muestran que la mayoría de las mujeres que han decidido abortar y lo han hecho son de religión católica, lo que indica que no es precisamente la población la que aprueba o desaprueba este tipo de iniciativas sino, más bien, los grupos conservadores en el poder.
Explicó que en materia reproductiva «todas las mujeres tendrían algo difícil de contar», que va desde la decisión de la maternidad, el encontrarse con un embarazo no deseado, hasta el trato que reciben de parte de médicos y enfermeras en el momento del parto y hasta en la aplicación obligatoria y sin consentimiento de las pacientes de métodos anticonceptivos invasivos.
Cuando en las entidades se detecta a una mujer que ha decidido abortar y se le lleva a un procedimiento penal, no se le acusa de aborto, sino de homicidio, castigándola incluso de un modo más estricto, puntualizó.
09/BG/LG
