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Cedaw ordenó a Estado mexicano reabrir expediente de feminicidio

Por Flavia Morales
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El Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer  (CEDAW, por sus siglas en inglés), ordenó al Estado mexicano reabrir el expediente de investigación de feminicidio de la joven Pilar Arguello Trujillo, asesinada el 3 de septiembre del 2012 en Coscomatepec, cuyo asesino fue liberado.

El Comité dio un plazo de seis meses para garantizar el acceso a la justicia y ordenó investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de la violencia y el asesinato de Pilar.

El Colectivo Equifonía, a nombre de Aracely González Saavedra y Adriana Fuentes, presentó el caso ante el organismo internacional el de  agosto del 2014, y señaló que es la primera vez que este comité se pronuncia por un caso particular de feminicidio,   según una comunicación que les enviaron el pasado 7 de agosto.

Pilar, de 20 años de edad, fue asesinada y su cuerpo abandonado en un chayotal. Su cadáver presentaba señales de violencia sexual y  lesiones.

Su entonces pareja confesó haberla asesinado, violentado y abandonado en un sembradío. El agresor contó a las autoridades ministeriales, durante la reconstrucción de hechos, que bebió alcohol y cuando Pilar se negó a sostener un encuentro sexual, él la tomó del cuello, la tiró y la asfixió para después golpearla con una piedra y violarla.
 
El presunto culpable, de 16 años de edad, fue consignado en septiembre de 2012 ante la autoridad, pero dos meses después se desdijo de su declaración; y el juez de la Sala de Responsabilidad Juvenil consideró que la reconstrucción de hechos carecía de valor probatorio ya que no se había realizado conforme a Ley y sin tomar en cuenta pruebas periciales decidió liberarlo.

El caso quedó impune al igual que muchos otros crímenes en los que a pesar de que el presunto agresor es una persona cercana y conocida de la víctima, la autoridad ministerial no castiga al homicida.

En la argumentación para presentar el caso ante el Comité CEDAW, las activistas, Aracely González y Adriana Fuentes, señalaron que las autoridades ministeriales actuaron con negligencia, no realizaron actuaciones que eran fundamentales para llegar a la verdad, no se tomó en cuenta la declaración de testigos, tampoco se consideraron las hipótesis de feminicidio,  ni se valoraron las pruebas de violencia sexual y lesiones.

En el caso no se aplicó el Protocolo de diligencias básicas en los casos de feminicidio que se debe seguir, lo que dio lugar a vacíos e irregularidades en la investigación.

El Comité expresó también su preocupación por el número elevado de casos de feminicidio en Veracruz y la inexactitudes de los procedimientos para registrar y documentar los asesinatos de las mujeres, lo que menoscaba la adecuada investigación de los casos  e impide que las familias sean notificadas puntualmente y se haga una evaluación completa del feminicidio.

Entre las recomendaciones de la CEDAW destaca que el estado mexicano debe eliminar los obstáculos que hayan impedido llegar a esclarecer el feminicidio y la identificación de los autores.

También pide garantizar el funcionamiento del sistema de justicia y la investigación eficaz de los homicidios de mujeres, reforzar la capacitación a los agentes estatales que participen en la investigación de casos de violencia contra la mujer.

En la recomendación del organismo internacional también se pide garantizar el apoyo legal en el acceso a la justicia  y a todas las garantías legales de protección a los familiares de las mujeres asesinadas como consecuencia  de actos de violencias por razón de género. 

17/FM

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