La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) censuró, en su Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006, diversos aspectos que responsabilizan al Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad, usados como recurso para controlar y aniquilar movimientos sociales y políticos, denunciaron a través de un boletín ex integrantes del equipo de investigación histórica de esa dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los autores de la investigación, que sirvió de base para que el Fiscal hiciera su informe, advirtieron que la Fiscalía eliminó capítulos enteros, como el de Conclusiones y Recomendaciones, así como secciones sobre la forma en que el ejército realizó actos delictivos, que quedaron en la impunidad a pesar de haber sido denunciados por los pueblos. Descartó también diversos párrafos en los que se exponían graves violaciones cometidas por militares.
Asimismo fueron eliminados temas como la persecución política que sufrió la oposición; los mecanismos que el Estado utilizó para corromper el poder; partes sustantivas del derecho a la verdad, y las tareas que realizaba el equipo histórico al tiempo que fueron interrumpidas por el fiscal.
Los autores del Informe «¡Que no vuelva a suceder!» explicaron también que su trabajo sufrió diversos obstáculos por parte de la Fiscalía. Por ejemplo, la dependencia tardó seis meses en autorizar que los investigadores ingresaran a los acervos de la Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación. Obstaculizó el trabajo, al no cumplir sus responsabilidades de poner condiciones debidas de trabajo. Y, finalmente, el 13 de febrero de 2006 despidió al equipo completo, sin pagar aún los sueldos que les adeudaba desde julio de 2005.
En función de lo anterior, demandaron que el Estado mexicano cumpla con su compromiso de informar sobre el destino de todas las personas que sufrieron desaparición forzada, y se le informe a la sociedad las circunstancias en que tales hechos ocurrieron. «La investigación histórica debe profundizarse hasta dar con el paradero de los que buscamos», dijeron.
También exigieron que el Estado asuma oficialmente las responsabilidades que se derivan de los crímenes que se documentaron. Que se evite la desaparición de la Fiscalía antes de cumplir con su cometido y que se consulte a la sociedad civil para nombrar al nuevo fiscal.
06/GG
