Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) nacionales e internacionales denunciaron el hostigamiento a los defensores de derechos humanos en Chiapas, Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), así como a integrantes del Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», Maderas del Pueblo del Sureste y de otros organismos de la entidad.
El un comunicado, las OSC subrayan que tanto Castro Apreza como Luna Alcántara han sido sujetos de hostigamiento, en su domicilio como en la calle, por parte de elementos de las policías municipal y estatal, así como por agentes del Estado vestidos de civil. Así mismo, el domicilio de Castro Apreza fue allanado en noviembre del año pasado, donde sólo fueron sustraídos archivos de su computadora personal y una memoria USB.
Castro Apreza, ha recibido diversas amenazas desde 1994, cuando inició su activismo en pro de la paz en Chiapas. También participa en diversas organizaciones civiles, como la cooperativa Jolom Mayaetik (Tejedoras Mayas), la asociación civil K’inal Antsetik (Tierra de Mujeres) que lucha contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio, además de ser integrante del movimiento feminista.
Por su parte, Luna Alcántara, ha colaborado con el Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» como voluntario en los Campamentos Civiles por la Paz, en las Brigadas Civiles de Observación de los Derechos Humanos, y en los Cinturones de Paz de los Diálogos de San Andrés.
En 1998 organizó y formó parte de la Misión Civil de Observación de los Derechos Humanos, que monitoreó todas las comunidades indígenas afectadas por operativos policíaco-militares entre abril y junio de ése año. Al año siguiente comenzó a recibir amenazas en 1999, señala el texto.
Sin embargo, la y el activista señalan que el hostigamiento comenzó a agravarse a partir de que el FNLS impulsó una campaña nacional e internacional contar la desaparición forzada de luchadores sociales.
Tal es el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cuyo paradero es exigido por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), al reconocerlos como sus militantes y como víctimas de desaparición forzada. Por esta última razón, se conformó una Comisión de Intermediación con destacadas personalidades de la cultura, el periodismo y los derechos humanos del país, como la senadora Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; el escritor Carlos Montemayor, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros.
Sin embargo, la campaña para exigir información sobre su paradero generó diversas amenazas hacia los activistas, vía correo electrónico, y señalamientos que los vinculaban con el EPR, según lo señala el comunicado.
De octubre a diciembre del 2007, Castro Apreza acompañó a Nadín Reyes Maldonado, hija de uno de los desaparecidos, a una gira de denuncia por países de Europa, en donde dijeron haber sido presionadas vía telefónica por funcionarios del Gobierno mexicano, quienes trataban de persuadirlas para que no continuaran la gira.
Durante ésta, el Parlamento de Navarra, España, se pronunció en contra de la desaparición forzada de ambos miembros del EPR, emitiendo una Declaración Institucional pero, de acuerdo al comunicado, el gobierno mexicano realizó gestiones diplomáticas para que el Estado español persuadiera al Parlamento de Navarra y desistiera del pronunciamiento.
A raíz de esta campaña, el FNLS, y particularmente Castro y Luna, han sido señalados como integrantes de células de grupos armados. De acuerdo con el comunicado, hay información que indica que el Estado Mexicano está integrando expedientes y averiguaciones previas en su contra, lo cual, indican, «revela la intención del Estado Mexicano por criminalizar su trabajo como defensores de derechos humanos en particular y el del FNLS en lo general».
Por tanto, las OSC firmantes exigen a Felipe Calderón y al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, que «garanticen el cese de acciones que pongan en riesgo tanto la integridad física como emocional, moral y psicológica de las y los defensores de derechos humanos, así como de luchadoras y luchadores sociales; particularmente de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara», señalaron.
Así mismo, solicitaron al gobernador de Chiapas, que se pronuncie públicamente en contra de los actos intimidatorios y violatorios de los derechos humanos de los activistas, y a que garantice su integridad física y emocional.
Algunas de las decenas de organizaciones firmantes son: K’inal Antsetik, AC, la Cooperativa Jolom Mayaetik, AC, la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, AC, Recursos d’ Animació Intercultural (RAI, Barcelona), Plataforma Canaria de Solidaridad con Chiapas, la Red Europea de Diálogo Social (REDS, Barcelona), la Plataforma Asturiana de Solidaridad con Chiapas, y la Asamblea por la Paz de Siero.
09/AGM/GG
