Desesperada, sin recursos ni conocimiento de las leyes, la familia de Lupita, niña de trece años embarazada por la violación que sufrió el día 5 del presente mes, busca que la Procuraduría de Justicia o el Poder Judicial autoricen la interrupción legal del embarazo a que tiene derecho.
El delito ocurrió en Meoqui, cuando Lupita –nombre ficticio– cuidaba a sus hermanos más pequeños. Llegó un hombre a su casa, la llevó por la fuerza a una bodega cercana y la violó.
Según lo que la pequeña narró a su mamá y a un tío, el hombre que la agredió no es de la región, es uno de los que llegan de fuera y se dedican a traer trabajadores migrantes del sur del país.
De acuerdo a la declaración ministerial que hizo la familia, el hombre llegó a la casa de Lupita, ella salió a ver qué quería, él la agarró del cabello, la arrastró y la llevó hasta una bodega que está cerca, le quitó la ropa y la violó.
Debido a que se le dificultaba interponer la denuncia, la familia solicitó la intervención de la regidora Chayito Ruiz, quien la canalizó al Centro de Derechos Humanos de la Mujer en esta capital.
Además de la atención psicológica que brinda a la pequeña, el Centro asesora legalmente a la familia. Lucha Castro, directora del Centro, acudió ayer a la Procuraduría de Justicia del estado y al Supremo Tribunal de Justicia a plantear el caso y a solicitar ayuda urgente, pero ninguna de las dos instancias le resolvió.
NADIE RESUELVE
Se echan la pelotita y nadie resuelve nada, criticó molesta la abogada después que habló con Edith Garza, quien la atendió en la Subprocuraduría de Atención a Víctimas, y con José Chávez Aragón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Edith Garza le dijo que sólo un juez puede autorizar la interrupción del embarazo, pero Chávez Aragón le aclaró que no es así y le indicó que en todo caso le corresponde al Ministerio Público.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia explicó a Lucha Castro que el Código Penal sí contempla el aborto legal en caso de violación, pero no hay un reglamento que indique a qué instancia le corresponde el trámite, por lo tanto nadie se atreve a autorizarlo.
Lucha Castro asegura que el Ministerio Público ha sido negligente desde que la familia interpuso la denuncia.
Dice que el agente que entrevistó a la niña lo hizo en tono amenazante, preguntándole si estaba segura que la violaron, haciéndole la advertencia que si mentía, iría a la cárcel.
Esa no es forma de tratar a una niña y menos que acaba de ser violada, no se vale tanta prepotencia, señala la abogada.
Agrega que cuando el tío reclamó el mal trato al agente ministerial, éste le contestó que con el nuevo sistema de justicia penal no importa la edad de las víctimas.
Además, el Ministerio Público no le hizo caso a la familia cuando ésta suplicó que detuvieran al agresor antes que pasara el término de la flagrancia.
PREPOTENCIA E IMPRECISIÓN
Por si fuera poco, Lucha Castro informa que el médico legista Moisés Silva Rangel, de Delicias, hizo mal el certificado. Le cambió el nombre y la edad a Lupita, de manera que ahora el Ministerio Público tiene problemas para consignar el caso.
Según la versión de la regidora Chayito Ruiz, el médico no quería trasladarse de Delicias a Meoqui a revisar a la pequeña, lo hizo prácticamente a fuerza cuando sus superiores se lo ordenaron. En el certificado, el médico indica que la niña sí tuvo penetración vaginal, pero no puede precisar cuándo.
Lástima que esos profesionistas son los que están en el Ministerio Público, que además de prepotentes son negligentes, señala Castro.
La abogada acusa al galeno de no informar debidamente al Sector Salud, como lo indica la Norma Oficial Mexicana 190. Según ésta, todos los casos de violación deben remitirse al Sector Salud para que hagan tres pruebas inmediatas: Para detectar VIH, infecciones de transmisión sexual y embarazo.
Si Lupita hubiera sido canalizada al Sector Salud de inmediato, le hubieran dado la píldora del día después y hubiera evitado el embarazo, hace ver Castro.
Ante las trabas que está encontrando, la abogada contempla trasladar a la niña al Distrito Federal para que le practiquen allá la interrupción legal del embarazo.
El problema son los recursos, porque la familia de Lupita es muy pobre y no tiene dinero para cubrir el pasaje.
A Lucha Castro le parece inaudito que por el vacío legal que existe, ni la Procuraduría de Justicia ni el Supremo Tribunal de Justicia se responsabilicen de un caso tan grave.
07/DV/GG
