Durante los últimos siete años, al menos un centenar de casos de abuso físico y sexual contra alumnas y alumnos han sido denunciados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz y por la Asociación Estatal de Padres de Familia, pero las autoridades sindicales e incluso las educativas han protegido a los infractores, quienes como «castigo» sólo fueron removidos a otra plaza laboral.
Existe un creciente abuso sexual en contra de las y los niños en la entidad, afirma Guadalupe Viveros Martínez, investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), y sus edades fluctúan entre los 10 y 15 años: el 86 por ciento son niñas y el 73 por ciento niños. Casi todos procedentes de familias disfuncionales.
Las denuncias, sin embargo, apenas representan el 10 por ciento de los casos que ocurren en la entidad.
Escuelas de los municipios de Martínez de la Torre, Veracruz, Poza Rica y la región de Orizaba son consideradas como focos rojos, afirma el presidente estatal de la Asociación de Padres de Familia, Jorge Rivas Lucho, pero los casos se siguen presentando en todo el territorio veracruzano.
La Sociedad de Padres de Familia de Escuelas Básicas del Estado, integrada por más de dos millones de progenitores, aplica programas de vigilancia permanente, y han denunciado a por lo menos 67 trabajadores de la educación, tanto de las áreas de intendencia, administrativos y hasta docentes.
Por su parte, la Secretaría de Educación de Veracruz respaldó en estos últimos años la denuncia penal en contra de 30 profesores pederastas de nivel básico principalmente.
Sin embargo, dice el ex titular de la dependencia, Juan Maldonado Pereda, debido a una mala integración de las averiguaciones previas de parte de las autoridades del Ministerio Público, los denunciados han salido en libertad pese a existir pruebas contundentes en su contra.
Las autoridades educativas, por presiones magisteriales en las regiones de Perote, Orizaba, Xalapa, Coatzacoalcos y de la zona Veracruz-Boca del Río, han asignado a los trabajadores en otras plazas dentro del área educativa.
ALGUNOS CASOS
En el año 2000 ocurrió la violación de ocho alumnas de segundo año de primaria, cometida por el profesor Emilio Ramírez Alonso en la escuela primaria Francisco I. Madero en el municipio de Gutiérrez Zamora.
En 2002, en el municipio de Perote, un profesor de primaria abuso sexualmente de seis niñas, pero debido a la inadecuada integración de la averiguación previa fue liberado. Más tarde fue encarcelado al comprobarse el delito.
El 11 de noviembre del 2003, quedó al descubierto la violación de una alumna de 13 años de la escuela primaria «Miguel Alemán» de Coatzacoalcos, el maestro, a quien se le siguió la averiguación ministerial 512/2003, fue cesado de su puesto, pero por presiones sindicales lo reinstalaron en otro plantel del sur de la entidad.
El supervisor escolar de la zona Córdoba?Fortín y profesor de la escuela Primaria Cándido Aguilar de Fortín, Jacobo Espíritu Martínez, de 40 años, fue acusado y sentenciado a prisión por el delito de violación reiterada en agravio de una niña de nueve años.
En el municipio de Mariano Escobedo, un profesor de educación física de la Telesecundaria de la comunidad abusó sexualmente de tres de sus alumnas, que se reunían con él para ensayar el baile de fin de cursos. Los progenitores tomaron el plantel educativo, pero no se aplicó sanción severa contra el mentor.
En la escuela Úrsulo Galván de la ciudad de Orizaba, un alumno del segundo grado de primaria fue abusado por su profesor Eduardo García. Los progenitores exigieron la renuncia del profesor.
En el 2004, maestros y padres de familia de la escuela secundaria Técnica número 84 de la ciudad de Orizaba denunciaron la represión, golpes y acoso sexual en que incurría el maestro de matemáticas José Cirilo Aguilar Aquino, a quien desde el 2003 se le seguía un proceso por acoso sexual en contra de alumnas del plantel. Los hechos fueron denunciados directamente ante el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamés Guerra, y se exigió se investigara a las autoridades de Veracruz por encubrimiento.
En abril del 2006, en la escuela primaria «Adolfo Ruiz Cortines», amenazaron con linchar al conserje Ángel Maldonado Torres, quien intentó violar a una niña del primer grado. El empleado previamente había sido acusado por el mismo delito en un Jardín de Niños de la comunidad de Tejería.
También durante el 2006, el conserje de la escuela primaria Leona Vicario de Orizaba fue denunciado por cometer abuso erótico sexual en contra de una niña del cuarto grado. El hombre huyó de la región tras ser alertado por sus compañeros de trabajo.
Durante 2005, en el bachillerato «Miguel Alemán» de Coatzacoalcos, un profesor fue suspendido 6 meses y reasignado a otra plaza magisterial luego de cometer violación en contra de una alumna.
En la escuela particular Luis González Gómez de la ciudad de Orizaba, el profesor Carlos Gregorio Estévez Flores fue denunciado por una alumna de segundo de secundaria por el presunto delito de violación. Lo condenaron a prisión.
En junio del 2004, más de 50 padres de familia tomaron la Escuela Margarita Maza de Juárez, del municipio de Maltrata, donde el profesor «Benito» fue denunciado por alumnas. La SEP y la CEDH habían sido ya enteradas por los progenitores a través de una queja.
Un caso reciente ocurrió en la primaria Adolfo López Mateos, municipio de Xico, en donde el empleado, habilitado como maestro, Álvaro Soto Olivares, fue acusado por los delitos de abuso en contra de por lo menos 30 niñas de entrecinco y siete años de edad del primer grado. Sin embargo sólo fueron presentadas 13 denuncias formales.
Inicialmente las autoridades se negaron a considerar válidas las quejas de padres de familia, aunque Soto tenía antecedentes penales por el mismo delito en contra de dos mujeres de su familia, en 2001 y 2002, pero se comprobó el delito y se detuvo a Álvaro Soto, quien estaba prófugo.
Esto motivó, incluso, que legisladores acordaran elevar en la entidad las penas en contra de pederastas.
Pero los casos más recientes, ocurridos a finales de mayo de 2007, indican que el problema, a pesar de los empeños de madres y padres de familia, legisladores y defensores de los derechos de niñas y niños, continúa.
El jueves 31 de mayo, en la agencia del Ministerio Público del sector norte, en la ciudad de Orizaba, fue interpuesta una denuncia en contra del bibliotecario Eric Hernández Rodríguez, del CBTIS 142, ubicado en Mariano Escobedo, quien con engaños llevó a una joven de 16 años al centro de cómputo para abusar sexualmente de ella, luego con amenazas trató de que la menor de edad guardara silencio, pero sus padres descubrieron el hecho, denunciaron y se inició la investigación ministerial 341/07.
Al conocer los hechos, la dirección del plantel -y a solicitud del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)- le otorgó permiso a Hernández Rodríguez para ausentarse de sus labores por tiempo indefinido, hasta que resolviera su situación legal y no afectar así la reputación del plantel.
Dos casos más ocurrieron en los municipios de Isla y Castillo de Teayo, en donde dos niñas de 7 y 8 años de edad respectivamente fueron víctimas de abuso sexual por sus profesores. Ambos casos fueron denunciados por la Asociación Estatal de Padres de Familia.
Pero al parecer quedarán impunes, pues los maestros al saber de las denuncias huyeron del centro de trabajo y ya se encuentran prófugos. Trascendió, además, que existe el riesgo de que los agresores sean transferidos por el SNTE a otro lugar.
En la zona norte de Veracruz se registró un caso más. En la escuela primaria Independencia Nacional, el director del plantel, Luis Cortés Vázquez, abusó sexualmente de dos niñas de 12 y 13 años de edad.
En este caso madres y padres de familia no lograron la captura del director del plantel, quien fue alertado por sus compañeros profesores. Ante los hechos se interpuso una demanda judicial, averiguación previa 108/07, radicada en Poza Rica.
07/LCM/GG
