Inicio Cierran cerco legislativo y ciudadano en caso Provida

Cierran cerco legislativo y ciudadano en caso Provida

Por Rafael Maya

Las denuncias que hicieron organismos civiles por los malos manejos financieros del Comité Nacional Provida y el aval de la Secretaría de Salud (SS) a esa organización para violentar los derechos reproductivos de las mujeres, cimbraron el ámbito político nacional a tal grado que el secretario Julio Frenk tendrá que rendir cuentas de sus actos ante el Congreso, en tanto que el ex diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Pazos deberá afrontar una denuncia de juicio político en su contra.

Incluso un personaje de la cultura mexicana como el escritor Fernando del Paso exigió en un artículo periodístico la renuncia del secretario Frenk por cometer una "aberración imperdonable, impensable e inconcebible", al destinar 30 millones de pesos a Provida, "asociación que con su actitud (el rechazo al uso del condón y a cualquier tipo de anticonceptivo), propicia la enfermedad y la muerte de cientos, miles de mexicanos".

De esa manera, activistas por los derechos femeninos y de combate al Sida comenzaron a ver los primeros frutos de la auditoría que realizaron al gasto que hizo Provida de los recursos que recibió de la SS en 2003, para la construcción de 10 Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), clínicas en las que mediante tortura psicológica se orilla a mujeres violadas a no ejercer su derecho al aborto legal.

El escándalo por el llamado Providagate -cuyo inicio se remonta a principios del año pasado cuando el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Luis Pazos, recortó sin aprobación del pleno esos 30 millones al programa de atención al VIH de la SS para asignarlos a Provida-, recorrió las primeras planas de los diarios y ocupó importantes espacios en medios electrónicos.

Así, el cerco ciudadano y legislativo contra Julio Frenk, Pazos de la Torre -actual director del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras)-, y Jorge Serrano Limón, representante legal de Provida, para que rindan cuentas de sus acciones y se les imputen cargos en caso de confirmarse los supuestos ilícitos, se estrecha cada vez más.

SEMANA INTEMPESTIVA

El lunes 19 de julio, tres días después de que las agrupaciones Salud Integral Para la Mujer (SIPAM), Equidad de Género, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Letra S, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Fundar, dieron a conocer los resultados de la auditoría en la que se documenta el "fraude" cometido por Provida en el gasto de los 30 millones de pesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada a la denuncia ciudadana y se comprometió a investigar el caso y a deslindar responsabilidades.

Ese mismo día, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el panista José Ángel Córdova Villalobos, se pronunció porque se castigue -de comprobarse algún ilícito-, al o los responsables del mal manejo de los 30 millones de pesos, y sostuvo que de ser así Provida tendrá que restituir al erario esos recursos.

Entre las anomalías detectadas en la auditoría ciudadana a Provida se encuentra el hecho de que el grupo ultraconservador benefició con dinero público a por lo menos tres empresas privadas cuyos teléfonos, dirección o personal coinciden con los de la organización de Serrano Limón.

Más de 22 millones de pesos del total del presupuesto entregado por la SS a esa organización se destinaron para beneficio particular del grupo antiabortista, y no en apoyo a las mujeres como fue el compromiso original de la organización con la dependencia de Julio Frenk.

LUIS PAZOS Y JULIO FRENK, EN LA MIRA

El martes 20 de julio, la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Malú Micher y su par de Convergencia, Jesús González Schmal, presentaron ante la mesa directiva de la Cámara baja una denuncia de juicio político contra Luis Pazos, por considerar que el director de Banobras violó la Constitución, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal, al desviar los 30 millones a Provida.

Al día siguiente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó citar a comparecer a Julio Frenk por haber cometido una "gran contradicción" en materia de política sanitaria al apoyar de manera "preferencial", con recursos públicos a Provida, agrupación que se opone de manera tajante al uso de anticonceptivos, del condón y al aborto legal.

Las organizaciones civiles que realizaron la auditoría al grupo de Serrano Limón, calificaron como un "triunfo ciudadano" la llamada del Congreso al funcionario para que rinda cuentas de sus actos. Además, la Comisión Permanente ordenó la creación de una comisión del Senado y la Cámara baja para que investigue el caso desde su inicio en 2003, cuando Pazos reasignó los recursos para el grupo ultraderechista.

Igualmente se urgió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a acelerar la revisión de la cuenta pública del 2003, y de ese modo analizar el gasto que hizo Provida de los 30 millones.

EL CINISMO

A pesar de la andanada legislativa y ciudadana a favor de la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el quehacer de la SS, y de que la dependencia ya exigió la devolución de los 30 millones a Provida, Jorge Serrano Limón se atrevió a solicitar a la secretaría que este año le entregue otra partida idéntica para sus labores antiaborto.

En su más reciente justificación epistolar, el director de Banobras, Luis Pazos, rechazó por enésima ocasión haber cometido un desvío de recursos.

Por el contrario, el funcionario se dio el lujo de ironizar con los escándalos de corrupción en el PRD y pidió a las y los diputados de ese partido que exigieron juicio político en su contra, que sean "congruentes" y expulsen de ese instituto "a quienes los han desprestigiado con claros y documentados actos de corrupción".

Así, pese la ola de justificaciones de Serrano Limón y Luis Pazos para intentar convencer de que no cometieron ilícitos, la hora de la clara rendición de cuentas se acerca, y de encontrárseles alguna responsabilidad tendrán que pagar por sus actos tal y como lo exige la sociedad civil.

2004/RM/GV/SM

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