Inicio Claros retrocesos en derechos SyR y derechos de las mexicanas

Claros retrocesos en derechos SyR y derechos de las mexicanas

Por Sandra Torres Pastrana

Mañana en Nueva York, después de que la delegación oficial mexicana exponga su informe en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), Cairo+15, más de 50 organizaciones y redes de la sociedad civil mexicanas no convocadas para realizar dicho documento expondrán un Informe alterno que revela lo que consideran “claros retrocesos en derechos sexuales y reproductivos y de políticas públicas que intentan vulnerar los derechos básicos de las mujeres mexicanas”.

Entre ellos están, de acuerdo con el texto del Informe, del cual tiene una copia Cimacnoticias: que las políticas dirigidas al tema de familias no reconocen la diversidad de las familias que hoy tenemos en el país, se limitan a la familia nuclear y no consideran los cambios demográficos y en la estructura social, que imponen una sobrecarga a las mujeres.

Ha aumentado la violencia familiar y sexual y no se atiende de manera prioritaria; ha aumentado el tráfico y la trata de menores de edad , la pornografía infantil y la pederastia; ha disminuido el acceso a anticonceptivos; no se garantiza el acceso a aborto legal salvo en el Distrito Federal, pero en muchas entidades federativas se han aprobado cambios a las Constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción poniendo en riesgo el acceso al aborto legal por las causales existentes, e incluso poniendo en riesgo el acceso a algunos métodos anticonceptivos.

La Secretaría de Educación distribuyó entre la población adolescente del país libros de educación sexual paralelos a los oficiales, en los cuales se desacredita la eficacia del condón y se promueve el abandono de los anticonceptivos por el “riesgo inevitable de cáncer”.

Los programas de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual se circunscriben a la atención de algunas poblaciones, entre las cuales no son prioritarias las mujeres, y los de prevención se han limitado.

Y existe una clara resistencia a actualizar los instrumentos de políticas de población y de salud sexual y reproductiva, como lo muestra el retraso de la publicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM-046-SSA2-2005) Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención; y por último, la interlocución y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil organizada se han entorpecido.

En tanto, el Informe de la delegación del Gobierno mexicano, encabezada por el secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), de la Secretaria de Gobernación (Segob), Féliz Vélez Fernández Varela, fue presentado desde ayer y se titula “Informe de Ejecución: Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2009”.

El documento, señala un boletín de la Segob, presenta un “balance detallado de los temas que se abordan en el Programa de Acción de El Cairo”, integrado por trece capítulos.

Vélez Fernández señaló, al hacer entrega de su informe, que “la población mexicana ha hecho suyo uno de los derechos humanos fundamentales: la libertad de decidir acerca de cuántos hijos tener y cuándo tenerlos”, que “el impulso de la política de población y de los programas de planificación familiar gestados e instrumentados desde el Estado Mexicano han contribuido al descenso de la fecundidad”.

Resaltó que el porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que utiliza algún método anticonceptivo aumentó de 30 por ciento en 1976 a cerca de 71 por ciento en 2006 (hace tres años). Que “en el tema de la salud sexual y reproductiva, México ha tenido importantes avances durante los últimos años”.

Aseguró: “seguimos con el objetivo de poner al alcance de
cada individuo y de cada pareja, servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, en donde se otorgue información oportuna, orientación y consejería que faciliten la toma de decisiones para el uso de anticonceptivos, otorgado por personal de salud altamente calificado, siempre en un marco de pleno respeto a la diversidad cultural, sexual y étnica de la población”.

Dijo también que “la política social de México en lo general, y la política sociodemográfica en lo específico incorporan una perspectiva de género” y que “uno de sus objetivos torales es que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres y participen en la proporción que les corresponde de los beneficios del desarrollo económico y social”. Hay avances, remató, “pero falta todavía mucho por hacer”.

El documento que sostendría esas afirmaciones será mañana escuchado por el Comité de expertos en la 42 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas.

LA OTRA VERSIÓN

Las OSC que darán a conocer mañana su Informe alterno señalan en un comunicado que al no ser tomadas en cuenta en el proceso del informe oficial, se evidencia el deterioro en la relación de gobierno federal con las organizaciones que trabajan en el campo de la población y desarrollo, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y en particular en la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

El Consejo Nacional de Población (Conapo), instancia encargada de coordinar las políticas de Estado en materia de población y dar seguimiento a los acuerdos de El Cairo, permaneció acéfalo desde finales de la administración pasada y durante nueve meses de la actual, lo que refleja la poca importancia que este gobierno da a las políticas de población y al desmantelamiento de Conapo, afirman.

Además, manifiestan que aunque México se había distinguido por sus avances en materia de salud reproductiva, los últimos años dan cuenta de un conjunto de retrocesos, como el retraso en la publicación de la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046), donde se ha excluido Conferencias Internacionales como la de El Cairo, bajo el argumento de que se trata de una “conferencia no vinculante”.

Señalan las OSC que a 15 años de que México se comprometió con el Programa de Acción de El Cairo, la sociedad civil organizada demanda al Gobierno federal respete y cumpla con la agenda de la CIPD, reconozca las nuevas dinámicas poblacionales y diseñe e implemente políticas públicas dirigidas a atender las nuevas realidades familiares y sus consecuencias sociales.

Exigen también que el Gobierno federal adopte medidas eficaces para eliminar todo tipo de explotación y abuso de la niñez, adolescencia y juventud, se diseñen políticas que respeten los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, se implementen políticas para la salud reproductiva en particular la planificación familiar, el acceso al aborto seguro en los casos previstos en la ley, con servicio de calidad y calidez.

Que se fomente la educación sexual integral a todos los niveles educativos, se formulen políticas nacionales que reconozcan las identidades y sexualidades diversas, se eviten embarazos no deseados, así como la rápida propagación en infecciones de transmisión sexual, y que prevenga y atienda la violencia y los abusos sexuales.

También, que se elimine la discriminación hacia las mujeres ante la falta de reconocimiento y respeto por parte del Estado a la autonomía reproductiva, recupere los espacios de interlocución, colaboración e incidencia de la sociedad civil con el gobierno, como condición necesaria para alcanzar los acuerdos de la CIPD y las metas del milenio para el año 2015 y se asignen los recursos necesarios para que se instrumente a cabalidad la agenda de El Cairo.

09/STP/GG

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles.Acepto Leer más

Skip to content