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CNDH desestima caso de activista presa injustamente

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que la detención arbitraria, intimidación y agresión por parte de policías federales encubiertos en contra de Jacqueline Santana López y su novio, Bryan Reyes Rodríguez –ambos estudiantes y activistas acusados del supuesto robo de 500 pesos a una uniformada– “no trasciende a la opinión pública, ni es considerada grave violación a Derechos Humanos (DH)”.
 
En conferencia de prensa hoy en esta ciudad, Sergio Soto, defensa legal de Jacqueline Santana y litigante de la Liga de Abogados 1 de Diciembre, informó que la semana pasada la CNDH emitió su valoración respecto a la queja que Wendolyn Reyes Rodríguez, hermana de Bryan, presentó ante la dependencia el 16 de noviembre de 2014, un día después de que la y el activista fueron detenidos con violencia y acusados injustificadamente de robar 500 pesos a una mujer policía.
 
La queja consta en los expedientes CNDH/1/2015/2012/R y CNDH/1/2015/2162/R, a cargo de Claudia Mérida Huicochea Martínez, primera visitadora adjunta a la Primera Visitaduría de la dependencia.
 
Según la queja –de la que Cimacnoticias tiene copia–, la hermana de Bryan notificó a la CNDH que Jacqueline Santana y su hermano fueron detenidos arbitrariamente el 15 de noviembre de 2014 por 15 elementos de la Policía Federal (PF), y 48 horas después Jacqueline Santana fue recluida en el penal de Santa Marta Acatitla, en esta capital, sin haber pasado el tiempo requerido para el desahogo de pruebas.
 
En el documento también se denuncia que se violó el derecho de la joven y de su novio a la libre asociación y a la libertad de pensamiento y de expresión, ya que durante el trayecto al Ministerio Público de la delegación Venustiano Carranza fue cuestionada por las y los uniformados sobre sus amistades en redes sociales, sus intereses políticos y su activismo a favor de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero.
 
Además, la queja integra la denuncia de varias violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales de ambos jóvenes, ya que los policías se negaron a informarles los motivos de su detención, se les negó el derecho a la presunción de inocencia y fueron amenazados e insultados reiteradamente por los policías, en especial Jacqueline a quien un agente le advirtió que de no cooperar sería agredida sexualmente en el reclusorio.
 
La queja también incluye argumentos de la familia de la y el joven para denunciar que se violó su derecho a no sufrir desaparición forzada, a la honra y la dignidad, a la integridad personal, a la igualdad ante la ley y la no discriminación, y a la libertad y seguridad personales.
 
En atención a esta queja, la CNDH solicitó hasta diciembre de 2014 a Gloria María Hernández Gaona, directora del reclusorio femenil de Santa Marta, las facilidades para que una doctora y una psicóloga verificaran la situación jurídica, salud e integridad física de Jacqueline y su novio.
 
Las profesionales visitaron el 4 de diciembre de ese año a Jacqueline y levantaron varias veces su testimonio, en el que hace constar que la forma de su detención la hizo pensar que era un secuestro, y que fue sometida con violencia (rodillazos y puñetazos) e insultos al interior de un vehículo particular.
 
Tras las evaluaciones, la CNDH determinó en la clasificación de lesiones que en el momento de la certificación (19 días después de la detención) Jacqueline presentaba lesiones traumáticas recientes externas, que se clasifican médico legalmente como de las que “no ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar”.
 
El certificado psicológico –para el que supuestamente se practicó un “cuestionario para trauma Harvard” y un “cuestionario de síntomas de Hopkins”– arrojó que Jacqueline sí padecía ansiedad y depresión, pero que estos síntomas no están relacionados con la forma en que se llevó a cabo su detención, sino con que su mamá está delicada de salud.  
 
Por tanto, en su informe final la CNDH determinó que la queja “no trasciende a la opinión pública”, ni que la detención de Jacqueline y Bryan sea considerada “grave violación a Derechos Humanos”.
 
RETRASO EN EL PROCESO
 
Al día de hoy suman ocho meses desde que Jacqueline –estudiante de excelencia de la carrera de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México– permanece recluida sin que haya un auto de formal prisión en su contra.
 
Mientras, el juzgado ya aceptó varias de las pruebas periciales de la defensa para descartar los elementos que los denunciantes –la policía Lidia Zárate y dos de sus compañeros– presentaron en contra de Jacqueline y Bryan, tales como un arma blanca que no tenía ninguna huella de los jóvenes, un billete de 500 pesos que se perdió durante el proceso, y un video del Gobierno del Distrito Federal que no muestra ninguna imagen que compruebe la versión de los policías.  
 
Queda pendiente –aseguró el abogado Sergio Soto– la resolución de un amparo que presentó desde noviembre pasado y que podría resultar favorable para que ambos jóvenes continúen el proceso penal fuera de prisión, ya que no hay razón para que sigan detenidos.
 
María de la Luz López, madre de Jacqueline, dijo a Cimacnoticias que la joven concluyó en la cárcel las materias del último semestre que cursaba en la UNAM a fin de titularse en los próximos meses; sin embargo, tuvo que ser revisada por un médico porque está presentando diversas infecciones estomacales.
 
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