Especialistas, legisladoras y representantes de la sociedad civil coincidieron hoy en la necesidad de impulsar una reforma hacendaría y fiscal, que garantice la asignación de recursos públicos para lograr la equidad entre hombres y mujeres.
Durante la mesa «Hacienda pública con perspectiva de género», como parte de las actividades de la sexta reunión anual del Parlamento de Mujeres de México (PMM), la directora del Fundar, organización especializada en análisis de presupuesto, Helena Hofbauer, presentó una ponencia en la que propuso diversas medidas para que el gasto público y la política fiscal contemplen la diferencia social entre los sexos, con el fin de que por la vía presupuestal que contribuya a erradicar la discriminación que padecen millones de mexicanas por la falta de acceso a los recursos públicos.
La especialista lamentó que en materia de impuestos todavía no se discute cómo el asunto fiscal afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Puso como ejemplo que el Impuesto al Valor Agregado impacta de manera diferente a las personas, ya que mujeres y hombres consumen artículos distintos de acuerdo con sus necesidades de género.
Helena Hofbauer advirtió que además de diseñar presupuestos más equitativos para hombres y mujeres, es indispensable crear recursos etiquetados que se destinen a la atención específica de las mexicanas. Recordó que debido a que los recursos para las mujeres no se etiquetan claramente, pueden ser desviados para otros fines.
Ante un centenar de mujeres de todos los sectores sociales y organizaciones civiles, la investigadora propuso que en el diseño de los impuestos se debe partir del ingreso individual de hombres y mujeres, toda vez que por lo general las trabajadoras ganan menos que los varones. También puso de relieve, entre otros asuntos, que se debe analizar el ingreso de los hogares, porque las mujeres y los hombres no lo usan de la misma manera.
La economista Magdelana García exigió por su parte que frente a la actual Convención Nacional Hacendaría las mujeres «tenemos mucho que decir», en aras de una reforma fiscal que beneficie a las mexicanas.
Entre otras de sus propuestas señaló que se debe evitar la privatización que pretende el Ejecutivo Federal de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y el IMSS. Alertó que de ser así las arcas públicas perderían 41 por ciento de sus ingresos en detrimento del gasto social, y en particular para las mujeres.
En tanto, Leticia Cuevas, de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, recordó que en el Presupuesto de Egresos para este año los recursos para salud de las mujeres fueron etiquetados en rubros más generales, por lo que no aparecen programas específicos que habían sido aprobados para el ejercicio de 2003.
La activista propuso que se legisle de manera clara y adecuada para que se garanticen los dineros etiquetados a programas de atención a las mexicanas. Además dijo que es necesario diseñar una estructura presupuestal eficiente con el fin de evitar recortes a los programas para mujeres.
De su parte, la feminista María Victoria Rodríguez demandó que por lo menos el 0.75 por ciento del Producto Interno Bruto se destine al sistema de justicia con el fin de implementar acciones contra la violencia de género. Agregó que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) debe contar con recursos específicos para que haga una evaluación de la situación de violencia que padecen las mexicanas, con el fin de impulsar políticas públicas para eliminar ese flagelo.
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