Comienza audiencia por casos de discriminación en RD

México y otros países de la región que viven fenómenos migratorios podrían apoyarse en la resolución que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el caso de expulsiones masivas en República Dominicana (RD) contra personas de ascendencia haitiana.
 
Así lo señaló, Francisco Quintana, director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y el Caribe, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a un día de que se realice en esta capital una audiencia pública de la CoIDH sobre el caso Dominicana.
 
En conferencia de prensa, Quintana detalló que el país caribeño ha expulsado de su territorio a personas afrodescendientes que incluso son dominicanas, pero por su color de piel son consideradas como migrantes sin documentos y deportadas al vecino Haití.
 
El representante de Cejil acusó “discriminación racial estructural” por parte del gobierno dominicano, la cual tiene como forma de manifestación la exclusión y restricción de derechos de la población de ascendencia haitiana, grupo al que pertenece la mayoría de los víctimas de los casos que se presentarán mañana y el miércoles en la audiencia pública a realizarse en la Biblioteca México, en el centro de la ciudad.
 
Francisco Quintana mencionó el caso de William Ferrera, de origen dominicano, quien fue expulsado una noche junto con su familia en el año 2000 por autoridades de su propio país, sin explicación alguna y sin permitirle tomar sus pertenencias, acción que derivó en la muerte de una de sus hijas.
 
Este caso de Ferrera no es el único, ya que el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA) tiene documentados 350 casos similares a éste, en los que por su color de piel las personas son expulsadas a otro país.
 
Quintana, quien representará a las seis familias que se presentarán ante la CoIDH, dijo que la “negación de la discriminación racial constituye el mayor obstáculo para buscar una solución”, y denunció que incluso en Dominicana han llegado a incluir la letra “N” en los pasaportes para identificar a las personas afrodescendientes como forma de discriminación.
 
Las víctimas demandan reparación integral, una disculpa pública del Estado y medidas de no repetición.
 
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