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Con desigualdad, mujeres no tendrán plena ciudadanía

Por Soledad Jarquín Edgar

Las actuales condiciones de desigualdad no sólo impiden una ciudadanía plena de las mujeres, sino que las dividen en ciudadanas de primera, de segunda y hasta de tercera, dependiendo del número de inequidades que acumulen, sostuvo la investigadora Josefina Aranda Bezaury.

En su intervención en el Coloquio Internacional Género y Participación Política, que realizó el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (IISUABJO), apuntó que no se trata de “hacernos las víctimas” ni de lanzar vivas al aire por las mejoras obtenidas, sino de reflexionar dónde centrar nuestros esfuerzos.

Durante su participación, titulada Desafíos políticos de las mujeres en Mesoamérica, la investigadora del IISUABJO sostuvo que todavía existe una limitada participación sociopolítica de las mujeres, en tanto que sus liderazgos propician una nueva etapa en las comunidades indígenas como agentes de cambio.

La autora de textos como Mujeres campesinas y Tiempo de crisis, tiempo de Mujeres, indicó que el porcentaje de participación de diputadas y ministras es apenas visible. En México es de 19.5; el más alto porcentaje lo presenta Costa Rica, con 35 por ciento, en tanto que el más bajo se registra en Honduras, con 5.5 por ciento de representación, según datos de 1999.

Esta participación es lenta y permeada -como en todos los campos- y existe una subordinación que impide un impacto claro en las esferas del poder político, social, local, nacional y regional, dijo ante la titular del instituto universitario organizador del coloquio, la doctora Gloria Zafra.

Aranda Bezaury señaló que uno de los obstáculos que tuvieron que superar las mujeres de la región fue la obtención “formal” de la ciudadanía, que se remonta a los años entre 1946 y 1955.

Ese derecho de las mujeres a votar, añadió, tiene importancia en sí mismo, pero también significó un paso decisivo para que las mujeres accedieran a la toma de decisiones en la esfera pública, pues estuvo ligado a la posibilidad de ejercer cargos de representación ministeriales, judiciales y de otro tipo.

En ese sentido, expuso que 1950 fue el año en que una mujer panameña ocupó por primera vez una Secretaría en el Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública. La mayoría de los ministerios ocupados por las pioneras fueron los de educación, social, trabajo y bienestar social y justicia; ninguna fue designada en economía, finanzas, defensa y, mucho menos, en ministerios políticos.

En lo referente al poder local, en México y Centroamérica el más alto porcentaje de representación de mujeres lo ocupa Nicaragua, con un 20 por ciento, y Guatemala está en el otro extremo con el 1 por ciento de las alcaldías; en México la cifra es de 3.3 puntos porcentuales.

En prácticamente todos los partidos políticos -sostuvo Aranda Bezaury se han conformado instancias de mujeres cuyo poder no es siempre efectivo. En aquellos donde se han adoptado cuotas partidarias ha mejorado la participación de las mujeres.

En relación a las legisladoras, también se reporta un incremento; ellas introducen iniciativas de ley referidas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, “pero hace falta monitorear su aplicación e invertir en mayores esfuerzos para que las mujeres conozcan el contenido de la leyes y tengan acceso efectivo a los mecanismos para su aplicación”.

La investigadora consideró que aún es una tarea pendiente y muy importante verificar el impacto que han tenido la creación de instituciones especializadas en los países de Mesoamérica; por cierto, la más “joven” es el Instituto Nacional de las Mujeres de México.

Indicó que la violencia contra las mujeres constituye otro tema fundamental y un desafío, pues es una de las manifestaciones más evidentes de las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales entre hombres y mujeres, y “determina que una de cada cinco mujeres de la región sufra este fenómeno que les impide disfrutar de sus derechos humanos fundamentales”.

En suma, consideró, las mujeres reclaman el derecho a tener derechos y no sólo la igualdad formal de contar con las mismas oportunidades, pero el desafío no será posible si no son satisfechas las necesidades básicas: “construir una hermandad que nos permita alcanzar una vida digna y que considere el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y los hombres”.

05/SJ/YT

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