En 1979 la participación de las mujeres en el mercado del trabajo era de 21 por ciento de las personas económicamente activas; 12 años después alcanzó el 31 por ciento, y para 2010 la proporción de mexicanas en el mundo laboral llegó a 42 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La creciente inserción de las mujeres va a la par del deterioro de las condiciones de trabajo, que se caracterizan por el escaso o nulo acceso a derechos como seguridad social, prestaciones, contratación permanente y un salario remunerador, señaló Beatriz Luján, del Frente Auténtico del Trabajo (FAT).
Las últimas reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al artículo 123 constitucional, respecto a derechos laborales de las mujeres, datan de principios de los años 70 y se centraron en la protección de la maternidad de las trabajadoras, la prohibición del despido por embarazo y la no realización de labores de riesgo para su salud o la del producto.
También se estipularon periodos de descanso antes y después del parto, así como los descansos dedicados a la lactancia.
Sin embargo, estos derechos –a 40 años de distancia– han sido rebasados por la realidad, pues en muchos casos las trabajadoras no tienen contratos escritos para probar una relación laboral y exigir el cumplimiento de la ley.
De 2000 a 2010 aumentó 34.4 por ciento el número de trabajadoras sin seguridad social, sumando hasta el año pasado 10.8 millones de mujeres sin la cobertura de este derecho, criticó Beatriz Luján a partir de un estudio realizado por el FAT con datos oficiales.
La pérdida «exponencial» de derechos está ligada a que una proporción importante de mujeres está en el sector informal o en empleos eventuales, refirió Rosario Ortiz, ex diputada del PRD e integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS).
De acuerdo con el Inegi, más de 70 por ciento de la participación laboral de las 16.9 millones de trabajadoras se concentra en actividades terciarias: el 32 por ciento de las trabajadoras es comerciante, el 27 se ocupa en servicios personales y 14 por ciento son oficinistas.
Al número de mujeres con un empleo formal deben sumarse las trabajadoras que viven de las actividades informales, quienes representan cerca de 40 por ciento de las 12.8 millones de personas que se ocupan en este sector, explicó Ortiz.
La situación de desventaja laboral se agudiza cuando se trata de las mujeres, ya que por su condición de género ligada a la maternidad son «blanco» de discriminación en el trabajo.
En el país, la brecha salarial entre los sexos es de 30 por ciento, aún cuando las mujeres tienen mayor preparación. Las mujeres que tienen instrucción media superior y superior ganan 5.4 pesos menos por hora que los hombres con la misma instrucción, indica el Inegi.
Óscar Alzaga, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, señaló que en este escenario laboral de «ilegalidad» la LFT y el artículo 123 constitucional «son letra muerta». En los hechos, dijo, a las mujeres se les exige una prueba de no gravidez para ser contratadas y las despiden cuando están embarazadas.
Y quienes están en la informalidad, mientras trabajan «cuidan a sus hijas e hijos en ‘guacales’ y no en guarderías», pues la seguridad social no está a su alcance.
Alzaga advirtió que es necesario que la reforma laboral, que se revisa en la Cámara de Diputados, proteja el salario, la estabilidad en el empleo, garantice la seguridad social y servicios de cuidado para las mexicanas, en vez de pretender «legalizar lo ilegal a través de tipos de contratación como de capacitación inicial o la subcontratación, los cuales arrasan con los derechos laborales».
La falta de acceso a derechos, como los de cuidado infantil, aumenta la carga de tareas de las mujeres, ya que en México 97 por ciento de las más de 16 millones de trabajadoras, además de cumplir con su labor asalariada, realiza tareas domésticas y de cuidado familiar, apuntó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, de la Cámara de Diputados.
Por ello, urgió a crear una legislación que obligue al Estado a brindar servicios de cuidado infantil y de personas adultas mayores y con discapacidad, para aligerar la sobrecarga laboral de las mexicanas.
Actualmente, 16.2 millones de mujeres económicamente activas se hacen cargo de las labores domésticas y del cuidado de personas; a estas tareas las mujeres dedican cerca de 60 horas semanales, mientras que los hombres sólo invierten 10 horas.
«Atender a la familia no sólo es un cuidado afectivo, implica tareas domésticas, cargadas de un valor simbólico», sin remuneración y sin apoyos sociales, a pesar de ser «la condición de posibilidad de existencia del sistema social», aseveró la antropóloga feminista Marta Lamas.
Durante un foro en San Lázaro, la también investigadora aseguró: «Sólo una legislación laboral que atienda la conciliación del ámbito familiar y del trabajo podrá abordar lo social y lo justo de forma adecuada».
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