En un proceso de acompañamiento, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) denunció, de nueva cuenta, la ineficiencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado para resolver el homicidio de una mujer presuntamente por negligencia médica, luego de un aborto mal practicado.
Marly del Rosario era instructora de «aerobics» y tenía 22 años, estaba embarazada por segunda vez en poco tiempo y padecía violencia de parte de Josué Ramírez Camacho, su compañero sentimental.
María de los Ángeles Cruz Rodríguez, madre de la víctima, dice que no sabe con certeza si la decisión de abortar la tomaron en mutuo acuerdo o si Josué la obligó.
Ángeles relata que su hija fue llevada por Josué a una modesta clínica particular, para que abortara un producto de siete semanas de gestación.
Durante la intervención, supo después la madre, Marly cayó en paro cardiaco por la administración de un anestésico en cantidades elevadas.
Luego de darle rehabilitación cardiovascular, decidieron trasladarla al Hospital General «Dr. Aurelio Valdivieso», donde fue ingresada sin signos vitales y hemorragia.
Ahí murió Marly el 16 de agosto de 2006, como consecuencia de la operación. Pero el certificado médico que le dieron a la familia dice: «muerte natural».
Los médicos que intervinieron a la joven mujer fueron Alfonso Santos Zavaleta, Darwin Palomares García y Margarito Salgado Franco, quienes en algún momento «ofrecieron llegar a un acuerdo», «pero no acepté porque a mi no me convence el resultado de la autopsia», dice Cruz.
Afirma que Josué desde un principio se había «conformado» con la muerte de su compañera, pero «yo como madre exigí que se esclareciera su muerte», lo que lo molestó y por eso la empezó a hostigar.
Incluso pagué a un laboratorio particular para que analizaran muestras del cuerpo de mi hija. De acuerdo con un documento médico, firmado por los doctores Alfonso Santos Zavaleta, Darwin Palomares García y Margarito Salgado Franco mi hija tuvo «muerte violenta», lo que es totalmente contrario a lo que decía el primer certificado, donde afirmaban que había sido «muerte natural». No sé cómo pasó.
Hasta ahora, ninguno de los médicos involucrados en el homicidio de su hija ha sido detenido, pese a las pruebas de laboratorio que documentan negligencia médica en la que incurrieron.
ACOMPAÑAMIENTO CONTRA LA AGRESIÓN
Cruz Rodríguez afirma que pidió el apoyo de la Limeddh porque el pasado 13 de marzo Josué se presentó a su domicilio, armado y acompañado por un grupo de elementos de la policía preventiva y otros civiles, también armados. Preguntaron por ella y hasta pidieron revisar la casa, pero una de las mujeres policías detuvo a sus compañeros por falta de una orden judicial para entrar.
En conferencia de prensa, Raquel Chávez Solano, colaboradora de la Limeddh y representante en Oaxaca de la Red Nacional de Jóvenes Católicos, apuntó que no es entendible la actuación de las autoridades, pues de entrada los médicos involucrados habrían cometido dos delitos distintos: por un lado se practicó un aborto diferente a lo que permite el Código Penal y, por otro lado, la mujer muere por negligencia médica.
El aborto practicado a Marly no estaba contemplado dentro de las cuatro causales permitidas por el Código Penal de Oaxaca: riesgo de la vida la mujer, violación, malformaciones graves del producto o aborto provocado imprudencialmente.
Por esta razón, quienes practicaron la operación incurrieron en un delito. Y, al no atenderla adecuadamente, habrían cometido negligencia.
A su vez, la doctora Zoila Ríos Coca, del Centro de Atención Integral del Valle, apunta que es sospechosa la actitud de las autoridades ministeriales que no son capaces de librar ninguna orden de aprehensión, porque los documentos médicos legales establecen que la paciente falleció dentro del consultorio.
García Coca afirma que, por otra parte, el Consejo Médico Legal tiene alianzas o complicidades con los médicos que han realizado un procedimiento de forma inadecuada, porque incluso argumentan que la joven mujer no murió a consecuencia del procedimiento que se le practicó, pero las constancias médicas muestran otra realidad.
Por otra parte, el abogado de la Limeddh, Isaac Torres Carmona, explica que el acompañamiento a la madre de la víctima se da porque definitivamente hay un retraso y entorpecimiento en las investigaciones, así como omisiones graves por parte del Ministerio Público investigador.
El abogado apunta que se exigirá a las autoridades que cumplan con el mandato de ley, pues ya existen presuntos responsables, cuerpo del delito «entonces existen los requisitos legales para que se ejercite acción penal contra los presuntos responsables y siete meses después no pasa nada».
También indica que pondrán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que por los actos de intimidación, como el narrado por la madre de la víctima se desprende la comisión de un delito del fuero federal, por la portación de armas en personas que no pertenecen a las corporaciones policíacas.
07/SJ/GG/CV
