Veracruz ocupa el sitio 28 de las entidades donde se registra un profundo índice de desigualdad de género luego de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, informó el grupo de trabajo técnico para la creación del instituto veracruzano de las mujeres del Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo.
En un comunicado, el grupo que está integrado por 8 mujeres de partidos políticos, académicas, la responsable del programa estatal de la mujer, Sandra Soto y representantes de la sociedad civil, dio cuenta de la situación social de la mujer en esa entidad que representa el 51.63 por ciento de la población total.
Detalla que de esa cifra, el 17.8 por ciento de veracruzanas se encuentra en condiciones de analfabetismo, a diferencia de los hombres en esta misma situación con un 11.6 por ciento.
Asimismo, el 64 por ciento de la población femenil mayor de 15 años no ha concluido la educación básica, el 80 por ciento de las trabajadoras veracruzanas se encuentran en el sector terciario de la economía, el 50 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud y un 43 por ciento no cuenta con prestaciones laborales.
En participación política, las mujeres constituyen el 24 por ciento en el congreso local, de las alcaldías sólo un 7.1 por ciento las ocupan mujeres, en sindicaturas el 9.4 por ciento y en regidurías el 21.8 por ciento, abunda el comunicado.
Veracruz carece de un sistema de información oportuna que visibilice la situación de las mujeres y que permita, en función de datos precisos, efectuar y diseñar políticas públicas para superar la inequidad en que viven las mujeres, cuya más grave expresión es la violencia cotidiana que se ejerce contra ellas.
Ante ese panorama y luego de casi cinco meses de trabajo para concretar la propuesta de Ley que permita la creación del Instituto veracruzano de la Mujer, el grupo de trabajo acordó proponer una entidad con personalidad jurídica propia y promover las condiciones que posibiliten una cultura de equidad de género.
La propuesta de ley prevé la creación de un instituto descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, que se encuentre adscrito al titular del ejecutivo del estado.
Entre sus atribuciones estarán formular políticas públicas con enfoque de género de manera transversal en todos los órdenes de gobierno y auditar permanentemente la aplicación e impacto de estas políticas, entre otras.
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