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Consignarán a Serrano Limón ante un juez, Frenk

Por María de la Luz González

La averiguación previa por desvío de recursos contra Jorge Serrano Limón, representante legal del Comité Nacional Pro Vida, está por ser consignada ante un juez, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó un peritaje contable cuyos resultados coinciden con el presentado por la Secretaría de Salud, confirmó el titular de la dependencia, Julio Frenk Mora.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que el monto de los recursos públicos desviados por la organización, de acuerdo con ambos peritajes, es de alrededor de 26 millones de pesos, cuya devolución puede ser reclamada a través de los tribunales, según la recomendación formulada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La restitución de los 26 millones de pesos desviados o, del monto que determine el juez, es independiente de la sanción económica fijada a Serrano Limón, que asciende a 13 millones 237 mil 377 pesos.

Frenk recordó que la querella presentada por la SSA, ante la PGR en enero pasado, incluía un peritaje contable que estimaba en esa cantidad sujeto a restitución por incumplimiento del convenio firmado entre la dependencia y el organismo, que no ejerció ese presupuesto en el proyecto Centros de Apoyo a la Mujer (CAM) y los utilizó para adquirir otros insumos.

Nosotros no apoyamos a organizaciones, no le dimos apoyo al Comité Nacional Pro Vida sino a un proyecto concreto y específico que se llama Centros de Apoyo a la Mujer, con un convenio, aclaró Frenk.

Explicó que la SSA, al conocer el presunto desvío de los recursos asignados a ese proyecto, solicitó un peritaje contable cuya elaboración tomó aproximadamente tres meses, el cual estableció la cantidad sujeta a reclamación, pero al presentar la denuncia ante la PGR, esta dependencia encargó a su vez un segundo dictamen.

"La última palabra la tendrá el juez que lleve el caso, nosotros con ese peritaje turnamos el caso a la PGR, que recomienda otro peritaje, esto pasará a tribunales y le corresponderá al juez definir cuál es el monto total, yo no puedo juzgar si el tribunal fallará a favor o en qué monto o proporción. Obviamente, la parte acusada tendrá, conforme a derecho, todas las prerrogativas para defenderse ", precisó.

Frenk destacó que este es el primer caso en el que se aplican a un particular las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la resolución de la SFP, que lo inhabilitó por 15 años para ocupar un cargo público, al encontrar elementos suficientes que acreditan el manejo irregular de los recursos del erario.

La SFP anunció, además, la destitución de tres funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, involucrados.

De acuerdo con la resolución de la SFP, el presidente de Provida solicitó, tramitó, manejo y usó recursos públicos federales "que aplicó a fines distintos de aquellos que justificaban su otorgamiento en virtud de haber presentado documentos falsos, facturas anteriores a la entrega de los recursos, así como gastos ajenos al programa de ayuda para la mujer".

El documento indica que las sanciones fueron impuestas por haber incumplido sus obligaciones de supervisión respecto de la correcta aplicación de los recursos confiados a Provida y que ascienden a 33 millones de pesos.

La sanción fue impuesta, 15 días después de que la Auditoría Superior de la Federación confirmó el desvío de recursos públicos a Provida, en un informe presentado por el titular de la dependencia ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría en la Cámara de Diputados, Arturo González de Aragón. Sanción que se refiere "diversas observaciones por 27 millones 409 mil pesos en la comprobación de los recursos públicos" que Provida recibió vía la beneficencia pública.

La resolución de la SFP se dio a conocer un año después de que seis organizaciones -SIPAM, GIRE, Fundar, Letra S, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Equidad y Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia- realizaron una auditoría ciudadana y documentaron que Provida lucró con recursos del erario.

2005/LG/SJ

 

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