La realidad que enfrentan cada día las mujeres en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz, contradice las previsiones optimistas de la Secretaría de Salud (SS) en el sentido de que México podrá cumplir con los compromisos establecidos con la ONU en la Cumbre del Milenio.
La tasa oficial de muerte materna a escala nacional es de 65.2 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos, cifra que tendría que reducirse a 22.2, es decir, disminuir en un 75 por ciento las muertes maternas para 2015, compromiso adquirido con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, ese indicador nacional no refleja la realidad de los 10 estados del sureste y centro del país que concentran 70 por ciento de las mil 400 muertes maternas que se registran cada año en promedio en México
Guerrero es el estado que tiene la tasa más alta de mortalidad materna, con 70 muertes por cada 100 mil nacimientos, cifra que prácticamente se duplica en las zonas indígenas, en las que llega a 110 fallecimientos y, pese a este elevado índice, no cuenta todavía con ninguna de las posadas de Atención a la Mujer Embarazada que la SS abrió dentro del programa Arranque Parejo en la Vida para atender los embarazos de alto riesgo.
La propia dependencia federal, reconoció en 2003 la «probabilidad que tiene una mujer en Guerrero de morir por alguna causa relacionada con la maternidad sigue siendo más de ocho veces superior a la de Nuevo León».
En algunas regiones de Oaxaca, por citar otro ejemplo, se mantienen los niveles de muerte materna que prevalecían en México en 1980, cuando la tasa nacional era de 9.2 por ciento, de acuerdo con la investigación «La mortalidad materna en México, cuatro visiones críticas» de la Organización Fundar.
Y es que, sostiene Fundar, la información que normalmente se maneja sobre mortalidad materna se refiere a tasas globales en el nivel de los estados, pero los datos agregados ocultan las desigualdades que aún prevalecen.
Incluso las tasas del plano municipal dan una idea imprecisa de la situación cuando en el municipio hay población indígena y no indígena, afirma.
La investigación señala que las desigualdades por pertenencia étnica hacen que los indígenas estén en peores condiciones que sus vecinos, pues si bien en el ámbito nacional ha habido avances en la última década en materia de mortalidad materna, en las zonas indígenas éstos han sido mínimos frente a los rezagos que subsisten.
«Las comunidades indígenas siguen concentrando gran parte de las muertes maternas y hay algunas regiones en las que hubo francos retrocesos en la década de 1990», sostiene.
La investigación saca a luz dos problemas que los autores consideran de suma relevancia en el actual desarrollo de las políticas de salud dirigidas a las mujeres: el primero de ellos es que los programas de salud para población en pobreza se llevan a cabo en un «entorno deficiente de atención en salud».
El segundo lo constituye el hecho de que se hayan puesto en marcha programas que otorgan atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio sin crear los medios necesarios para atender las urgencias obstétricas, que son las que producen la mayoría de las muertes maternas.
«Todo esto se da en el contexto de una escasa asignación de recursos financieros que da prioridad a las áreas del sector público que no participan en el combate a la pobreza», destaca.
La investigación concluye que, si bien, se ha ampliado la cobertura de la población atendida por el Programa de Ampliación de Cobertura (PAC) y el Programa Arranque parejo en la Vida, esto no es suficiente, pues las necesidades insatisfechas son muchas y muy básicas.
Al analizar el problema desde el ángulo de la distribución de los recursos de salud entre población indígena y no indígena, las l investigadoras sostienen que todavía se está muy lejos de atenuar las desigualdades en el acceso a los servicios y en alcanzar la calidad de los mismos.
Sugieren que hasta ahora ha habido discriminación al distribuir los recursos y que ésta no se va superar con una asignación restringida y focalizada de los presupuestos.
«Falta mucho por hacer para alcanzar una cobertura óptima en materia de anticoncepción, control prenatal y atención de los partos, pues el acceso a los servicios es un problema en contextos rurales e indígenas, así como la detección y la canalización de los casos complicados y las urgencias obstétricas», puntualizan.
Sin embargo, la realidad que enfrentan las mujeres que viven en entidades del centro y sur del país no es vista y ello se reflejó en la declaración del secretario de Salud, Julio Frenk Mora, quien señaló que México podrá cumplir los Objetivos del Milenio (ODM), en muerte materna.
Al clausurar el primer Foro de Excelencia sobre el Programa Arranque Parejo en la Vida aseguró que en los últimos cuatro años se ha logrado duplicar la velocidad de descenso de la mortalidad materna.
Frenk destacó que la puesta en marcha del Programa Arranque Parejo en la Vida ha conseguido «resultados alentadores» y citó el caso de la atención del parto por personal calificado, que la actual administración recibió en un porcentaje de 68.9 por ciento y ahora es de 83.3 por ciento.
2005/LG/SJ
